EL METODO CHAZ

¿Qué de dónde va a sacar JMS diez millones de hectáreas para entregárselas a las FARC destinadas a una Reforma Rural Integral para una nueva Colombia? ¿Cómo se las van a quitar a sus dueños actuales?

 

Por Luis Marín

Muy sencillo: El procedimiento fue bautizado por el patrocinante de los Acuerdos con el acrónimo de los apellidos Chávez y Azpúrua, los protagonistas de la tragicomedia que fue la confiscación del Hato La Marqueseña en el año 2005.

Un mecanismo circular en el que primero el Instituto Nacional de Tierras (INTI) declara las tierras baldías, por tanto, propiedad de la República, luego la Procuraduría General se las transfiere en plena propiedad de forma gratuita mediante un acta que dice, “el inmueble transferido pertenece a la República por haberlo declarado así el INTI”, o sea, el mismo que recibe.
       Para ese momento los hacendados ya eran calificados rutinariamente por el INTI como “presuntos propietarios”, porque les impusieron la carga de probar la autenticidad de la cadena titulativa de propiedad de sus tierras desde la Independencia hasta nuestros días.

          En el caso de La Marqueseña apelaron a una ley sobre enajenación de tierras baldías y creación de oficinas de agrimensura del 13 de octubre de 1821 que imponía el registro de tierras; el caso es que esas oficinas nunca fueron instaladas siendo el requisito imposible de cumplir, por lo que exigirlo so pena de ruptura de la cadena titulativa equivale a abolir toda propiedad privada agraria como, en efecto, es lo que ha ocurrido.

          Las sucesivas tiranías militares que ha sufrido Venezuela se reservaron para sí mismas la propiedad del subsuelo y de todos los recursos minerales en él contenidos, que no es poca cosa, ahora los militares comunistas dieron el paso de reservarse también el suelo.

         El despojo de La Marqueseña no estuvo exento de la teatralidad e histrionismo que eran característicos del régimen de Chávez: se fue a hacer un “Aló, Presidente” desde allí el domingo 25 de septiembre de 2005, donde firmó la creación del “Centro Genético Productivo Socialista Florentino” afectando la mitad de la Hacienda; otra porción se la asignó a supuestas organizaciones campesinas, así que de 8500 hectáreas le dejo 1500 a la familia Azpúrua.

          Chávez ofreció negociar para llegar a un arreglo y dirimir el tema de la propiedad en tribunales, algo inconcebible, incluso en Venezuela, después de 60 años de posesión pacífica; Carlos Azpúrua, el dueño de la Hacienda, predijo que en sus 1500 hs iba a producir más que ellos en las que le arrebataron, que es lo que ha ocurrido al final.

           Le llevó siete años reparar los daños, porque le arrimaron 9000 cabezas de ganado al terreno que le dejaron, que antes estaban en 6000 hs más 2000 hs de reserva forestal; nadie sabe qué producen las cooperativas, ni qué será de la vida del Centro Florentino.

           En la trastienda asoma una venganza personal porque Chávez decía que la Marqueseña había sido de su bisabuelo, un tal Pedro Pérez, alias Maisanta, y que su abuelo “murió peleando por esas tierras” sin mostrar ningún registro, aunque “esos documentos deben estar en la familia” (Habla el Comandante, UCV, 1998).

         Se podrían relatar las historias terroríficas de los cañicultores del Valle del río Turbio en Barquisimeto, estado Lara, de los productores de arroz, maíz, sorgo del Estado Guárico o cualquier otro, en total, 25000 unidades productivas robadas con el cínico rótulo de “rescate de tierras”, muy cerca de las 10 millones de hectáreas que quieren las FARC gratis, con este resultado: una hambruna ucraniana tras el despojo de los ricos Kulaks.

         Los colombianos no saben de la que se salvaron por atreverse a decir NO a una propuesta deshonesta y deben seguir alerta porque la novela tiene nuevas versiones.

          Y si nunca segundas partes fueron buenas, hay que imaginar cómo serán cuando la primera es tan mala.