sábado, 8 de abril de 2017

DECLARACION INSTITUCIONAL

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL


de adhesión a la Censura internacional de  la conculcación de los derechos del pueblo venezolano
Madrid (España), domingo 2 de abril de 2017.
El Centro Cubano de España,
–inquietado por el agravamiento de la deriva totalitaria del Régimen que desgobierna el país hermano de Venezuela,– y convencido de que la solidaridad internacional con su pueblo es imperativa a fin de que las fuerzas represivas de idiosincrasia chavista desistan de su conducta antidemocrática, infractora de la Carta Internacional de Derechos Humanos –que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–, se suma a las apelaciones formuladas nacional e internacionalmente por la Conferencia Episcopal Venezolana, y por Instituciones, Organismos multilaterales, Partidos Políticos, Gobiernos, y destacadas personalidades de talante democrático, para que ese Régimen revierta  inmediatamente la situación de desafuero en que ha incurrido y que se le aplique ipso facto la suspensión que prevé la Carta Interamericana de Derechos Humanos –tal como ha propuesto el pasado 18 de marzo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos–.
Como resultado de las elecciones celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2015, la composición de la Asamblea Nacional (donde radica el Poder Legislativo) se divide en dos coaliciones: la mayoritaria, conformada por la bancada «opositora» integrada por 112 diputados –que constituye la mayoría calificada– y la minoritaria, compuesta por los 55 diputados que apoyan al presidente de la República Nicolás Maduro y a la autodenominada Revolución Bolivariana.  

El día 28 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela –en la cúspide del Poder Judicial de esa República- dictó una sentencia a cuyo tenor suprimió la inmunidad parlamentaria e invistió al Presidente Nicolás Maduro de facultades especiales para tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales, así como revisar leyes y otras normas.
                Un día más tarde, en la noche del 29 al 30 de marzo de 2017, el mismo Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitió una segunda sentencia, anunciando que se haría cargo, para ejercerlas por sí mismo, de todas las competencias de la Asamblea Nacional –el Poder Legislativo–.
De entrada, el Secretario General de la OEA [Organización de Estados Americanos], Luis Almagro, ha calificado esta chapucería leguleyesca como un "autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional".
Según el Título V de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe funcionar la separación de Poderes estrictamente independientes (se enumeran cuatro: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano). No existe ninguna habilitación constitucional para que uno de los Poderes invada las competencias del otro, ni mucho menos para que cualquiera de esos Poderes desposea a otro de sus facultades constitucionales.
                Por lo tanto, son radicalmente nulas, y sin valor alguno ni fuerza de obligar, las disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia que pretenden suprimir  la inmunidad parlamentaria, desposeer al Poder Legislativo de sus facultades exclusivas –e, ítem más, ejercerlas–, así como atribuir al Presidente de la República la adopción de toda clase de medidas gubernativas y legiferantes –y, por escarnio, la de revisar las normas de todas clases–.
                Desde dentro de Venezuela, la condena más frontal y demoledora de esta usurpación ha sido la proclamación hecha pública el 31 de marzo de 2017 por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en un comunicado en el que todos los Obispos de la Iglesia Católica del país han señalado lo siguiente:
1.- “Estamos muy cerca de la Semana Santa. Para los católicos la conmemoración de los atropellos contra Nuestro Señor Jesucristo es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder”;
2.- “No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas”;
                3.- Las decisiones del TSJ [Tribunal Supremo de Justicia venezolano] son “moralmente inaceptables y, por tanto, reprobables”, agravan la crisis y “pueden generar en Venezuela una escalada de violencia. “La eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo”;
                4.- “Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura”…“existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela. Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder…La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso…Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural”…ante ello es “necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza…Frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador”;
                5.- Invocando la intercesión de Cristo y la Virgen María para que en “esta hora menguada”, Venezuela encuentre “en la sensatez y prudencia (…) los caminos para superar tan grave y riesgosa crisis” los Obispos venezolanos han señalado que “Como católicos, debemos vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, las celebraciones litúrgicas y los actos piadosos, con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad, en medio de las naturales diferencias, propias de los seres humanos”.
Como ha escrito apenas ayer, 1 de abril, Carlos Alberto Montaner: “…el Gobierno de Venezuela, aunque caótico y desorganizado, sí es un peligro para la seguridad de EEUU por sus vinculaciones con los terroristas islámicos y por sus lazos militares con Irán y Hezbolá. No tiene ojivas nucleares, pero posee otros medios de perjudicar severamente a su archienemigo. Es un peligro por sus nexos con el narcotráfico y por la utilización de una parte de sus generales en este comercio asesino. Es un peligro por su militante "antiyanquismo", siempre a la caza de nuevas conquistas, y por ser una de las naciones más corruptas del planeta.”
La Oposición venezolana ha exhortado a la población a manifestarse en las calles para rechazar de forma pacífica la eliminación de la Asamblea Nacional.







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