DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
de
adhesión a la Censura
internacional de la conculcación de los
derechos del pueblo venezolano
Madrid
(España), domingo 2 de abril de 2017.
El Centro Cubano de España,
–inquietado por el agravamiento de la
deriva totalitaria del Régimen que desgobierna el país hermano de Venezuela,– y
convencido de que la solidaridad internacional con su pueblo es imperativa a
fin de que las fuerzas represivas de idiosincrasia chavista desistan de su
conducta antidemocrática, infractora de la Carta Internacional
de Derechos Humanos –que comprende la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–, se suma a las apelaciones formuladas
nacional e internacionalmente por la Conferencia Episcopal
Venezolana, y por Instituciones, Organismos multilaterales, Partidos Políticos,
Gobiernos, y destacadas personalidades de talante democrático, para que ese
Régimen revierta inmediatamente la
situación de desafuero en que ha incurrido y que se le aplique ipso facto la suspensión que prevé la Carta Interamericana
de Derechos Humanos –tal como ha propuesto el pasado 18 de marzo el Secretario
General de la
Organización de Estados Americanos–.
Como resultado de las elecciones
celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2015, la composición de
la Asamblea Nacional (donde radica el Poder Legislativo) se divide en
dos coaliciones: la mayoritaria, conformada por la bancada «opositora» integrada
por 112 diputados –que constituye la mayoría calificada–
y la minoritaria, compuesta por los 55 diputados que apoyan al
presidente de la República Nicolás Maduro y a la autodenominada Revolución Bolivariana.
El día
28 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela –en la
cúspide del Poder Judicial de esa República- dictó una sentencia a cuyo tenor
suprimió la inmunidad parlamentaria e invistió al Presidente Nicolás Maduro de
facultades especiales para tomar medidas civiles, económicas, militares,
penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales, así como revisar
leyes y otras normas.
Un día más tarde, en la noche
del 29 al 30 de marzo de 2017, el mismo Tribunal Supremo de Justicia venezolano
emitió una segunda sentencia, anunciando que se haría cargo, para ejercerlas
por sí mismo, de todas las competencias de la Asamblea Nacional
–el Poder Legislativo–.
De
entrada, el Secretario General de la
OEA [Organización de Estados Americanos], Luis Almagro, ha
calificado esta chapucería leguleyesca como un "autogolpe de Estado
perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional ".
Según
el Título V de la actual Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, debe funcionar la separación de Poderes estrictamente independientes
(se enumeran cuatro: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano). No existe
ninguna habilitación constitucional para que uno de los Poderes invada las
competencias del otro, ni mucho menos para que cualquiera de esos Poderes desposea
a otro de sus facultades constitucionales.
Por lo tanto, son radicalmente
nulas, y sin valor alguno ni fuerza de obligar, las disposiciones del Tribunal
Supremo de Justicia que pretenden suprimir
la inmunidad parlamentaria, desposeer al Poder Legislativo de sus
facultades exclusivas –e, ítem más, ejercerlas–, así como atribuir al
Presidente de la República
la adopción de toda clase de medidas gubernativas y legiferantes –y, por
escarnio, la de revisar las normas de todas clases–.
Desde dentro de Venezuela, la condena más frontal y demoledora de esta
usurpación ha sido la proclamación hecha pública el 31 de marzo de 2017 por la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), en un comunicado en el que todos los Obispos de la Iglesia Católica
del país han señalado lo siguiente:
1.-
“Estamos muy cerca de la Semana
Santa. Para los católicos la conmemoración de los atropellos contra
Nuestro Señor Jesucristo es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero
contundente ante la arremetida del poder”;
2.-
“No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que
defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse
muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la
desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los
poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas”;
3.- Las decisiones del TSJ [Tribunal Supremo de Justicia venezolano]
son “moralmente
inaceptables y, por tanto, reprobables”, agravan la crisis y
“pueden generar en Venezuela una escalada de violencia. “La eliminación de la Asamblea Nacional ,
suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un
desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo”;
4.- “Una nación sin parlamento es como un
cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de
opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a
la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la
dictadura”…“existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela.
Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del
poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión
del poder…La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los
alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el
desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son,
entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el
entendimiento y el progreso…Desconocer la existencia del otro y sus derechos
es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y
plural”…ante ello es “necesario generar gestos valientes e iniciativas
innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza…Frente al mal nadie
puede permanecer como simple espectador”;
5.- Invocando la intercesión de
Cristo y la Virgen María
para que en “esta hora menguada”, Venezuela encuentre “en la sensatez y
prudencia (…) los caminos para superar tan grave y riesgosa crisis” los Obispos
venezolanos han señalado que “Como católicos, debemos vivir los actos
religiosos de la Semana
Santa , conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo,
las celebraciones litúrgicas y los actos piadosos, con un contenido social que
nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad, en medio de las
naturales diferencias, propias de los seres humanos”.
Como ha escrito apenas ayer, 1 de abril, Carlos
Alberto Montaner: “…el Gobierno de Venezuela, aunque caótico y desorganizado,
sí es un peligro para la seguridad de EEUU por sus vinculaciones con los
terroristas islámicos y por sus lazos militares con Irán y Hezbolá. No tiene
ojivas nucleares, pero posee otros medios de perjudicar severamente a su
archienemigo. Es un peligro por sus nexos con el narcotráfico y por la
utilización de una parte de sus generales en este comercio asesino. Es un
peligro por su militante "antiyanquismo", siempre a la caza de nuevas
conquistas, y por ser una de las naciones más corruptas del planeta.”
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