Primero. Raúl Castro tiene –ante todo– la obligación de poner fin a esta
crisis garantizando la seguridad de los diplomáticos estadounidenses,
según lo establece la Convención de Viena de
1961. Adicionalmente debe remover inmediatamente de sus cargos
por ineptos al coronel Alejandro Castro Espín, al ministro del interior y
al jefe de la dirección de seguridad de las representaciones diplomáticas
en Cuba.
Segundo. Raúl Castro tiene la obligación, según lo establece la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de permitir la libre entrada y
salida de los cubanos al país en que nacieron cancelando de inmediato la
autorización llamada “habilitación del pasaporte cubano”.
Tercero. Raúl Castro tiene la obligación constitucional de permitir de
inmediato que los nacionales que hayan adquirido una segunda ciudadanía
puedan viajar a Cuba usando el pasaporte de su nuevo país de
residencia.
Cuarto. Raúl Castro debe conceder de inmediato una extensión
automática –sin cobrarla– a todos los pasaportes
cubanos que requieran ser revalidados a fin de que ese trámite no
impida viajar a sus portadores mientras dure esta crisis.
Quinto. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene que dar de
inmediato una respuesta razonable y satisfactoria a los cubanos que han
pagado por servicios consulares que ahora están paralizados. La
maquinaria castrista de desinformación y propaganda intenta vender la
idea de que esta crisis ha sido creada artificialmente por la
Administración Trump para perjudicar a los cubanos. No se debe facilitar
que esa mentira se abra paso.
Puede que Estados Unidos no esté obligado legalmente a devolver ese
dinero, pero tratándose del país con más bajos ingresos del hemisferio y
sometido a la dictadura más longeva de esta región, la respuesta ofrecida
hasta ahora a los afectados ha sido inadecuada y por ello
contraproducente.
El dinero ya cobrado a personas cuyos trámites se han visto ahora
paralizados debe ser devuelto o se deben poner adoptar medidas
alternativas realistas –no la de viajar a un tercer país– que viabilicen
desde Cuba la continuación de los trámites a ese grupo limitado de
personas.
Entre otras, una alternativa que pudiera considerar Estados Unidos sería
la de hacer los arreglos pertinentes para ofrecer servicios consulares
temporales en la Base Naval de Guantánamo. Estos servicios se
ofrecerían –por tiempo limitado– exclusivamente para el grupo de
personas que ya pagaron y tienen la entrevista pendiente.
El proceso en la Base Naval de Guantánamo se podría llevar a cabo
tramitando un número limitado de entrevistas diarias previamente citadas
para una fecha, tal y como se hacía en las oficinas consulares en La
Habana. Esas personas podrían ser recogidas en un punto cercano,
terrestre o marítimo, autorizado por el gobierno cubano a ese fin,
llevadas a la Base y luego retornadas a territorio cubano ese mismo día.
Esos cubanos no podrían solicitar quedarse como refugiados en la Base ni
tampoco continuar su camino hacia Estados Unidos sin obtener primero un
visado porque ya no existe la ley de “pies secos y mojados”.
Si el gobierno cubano se negara a aceptar este modo de facilitar las
entrevistas, quedará desnudado ante la opinión pública.
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