"El Maonismo pretendió eliminar la división social del trabajo..."
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos comienza una línea de investigación sobre los derechos sociales.
El Plan Nacional de Viviendas, hecho público en diciembre de 2018, y para
cumplirse en 10 años, es a mi modo de ver un plan “maoísta” que concentra la
producción de materiales de construcción en manos del estado, que no tiene
recursos, y en la gestión de construcción también en manos estatales que sólo
cuenta con ampliar la capacidad productiva en 19 brigadas de movimiento de
tierra, otras 19 brigadas de conductoras y redes y 41 brigadas constructoras.
El informe que presenta estas cifras no dice la cantidad actual de esas
brigadas estatales[1]. Por otra parte, la fuerza de trabajo para
aplicar este plan es la siguiente:
“Participan
en la construcción de la vivienda para este programa: a) La familia
organizada en el movimiento popular. b) Organizaciones estatales de la
construcción. c) Las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias.
d) Microbrigadas. e) Los centros de trabajo organizados por los consejos de
administración municipales, con posibilidades reales de participación. f) El
resto del sistema empresarial estatal del país. g) Trabajadores por
cuenta propia”[2].
No
veo cómo “la familia organizada en movimiento popular” es una fuerza
productiva: este es el “maoísmo del plan” porque todos construimos sin
materiales ni profesionales de la construcción. El maoísmo pretendió eliminar
la división social del trabajo que hizo a la humanidad salir del medioevo y
llegar a la modernidad. Con su plan de fundir acero en cada casa en la década
de los años 60s, produjo un metal inservible y provocó la hambruna a gran parte
de la población. El gobierno cubano diluye la responsabilidad de la vivienda en
las familias sin crear las condiciones mínimas de materiales de la construcción
y profesionales para construir con esfuerzo propio, en lo que parece más una
estrategia de “sálvese el que pueda” que un plan serio nacional.
Por
otra parte las cooperativas de construcción fueron muy restringidas con la
resolución del verano de 2017: el Ministerio de la construcción envía a las
cooperativas de construcción una resolución: “Orientaciones sobre el
perfeccionamiento del funcionamiento de las Cooperativas No Agropecuarias”,
el documento disponía que las cooperativas: “no contratarán trabajadores
asalariados para realizar actividades que se correspondan con el objeto social
de la cooperativa”, “solo podrán realizar las actividades propias de su objeto
social en la provincia donde radique su domicilio social” (daba un plazo de
tres meses para liquidar los que estuvieran en ejecución), y “no podrán crecer
en socios, ni contratar servicios en actividades comprendidas en su objeto
social”. En adición, establece un tope de ingreso monetario para los
cooperativistas. Es decir, las cooperativas de construcción no pueden
desarrollarse si no como “chinchales” a las órdenes y control del estado.
Otra
de las fuerzas productivas que se mencionan al final es el trabajo por
cuenta propia, pero hasta el momento de escribir este trabajo no existe la
licencia de constructor entre las 123 licencias permitidas para el trabajo
privado ni tampoco la de arquitecto. Los profesionales siguen cautivos en el
empleo estatal.
El
plan gubernamental se apoya en lograr a nivel municipal la producción de los
materiales necesarios para construir una casa diaria con inversión del estado.
Las cifras de ejecución de esta producción no se logran por la falta de
recursos del estado y, por lo tanto, las familias que quieran reparar sus casas
dependen del suministro estatal o de las “mulas” y no pueden importar ni
producir por gestión privada y cooperativa los materiales. El monopolio de
importación del estado con fines comerciales obstruye la construcción de
viviendas en Cuba.
El
déficit habitacional en Cuba es de 1.331.000 viviendas, y el 40 % está en
regular o mal estado[3]. Con las restricciones impuestas a la gestión
no estatal no será posible superarlo ni en 50 años.
La
encuesta realizada por Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre el 8 y 22
de julio de 2019, refleja la gravedad de la situación actual de la vivienda en
Cuba.
Los
entrevistados respondieron en un 29,6 % que viven con más de cinco personas en
la misma vivienda, es decir casi una tercera parte vive en condiciones de
hacinamiento, el 58 % declaró que su vivienda está en peligro de derrumbe o es
necesario repararla y el 44,2 %, declaró que no tenía el espacio necesario para
su familia.
Dice
el informe:
“Respecto
a la calidad de la vivienda en relación a sus condiciones de mantenimiento la
situación descrita es la siguiente. Para más de la mitad de la población, su
vivienda necesita rehabilitarse o repararse (50,5 %) o está en peligro de
derrumbe (7,6 %), mientras que para uno de cada cuatro se conserva en buen
estado (24,3 %). Los que responden que se ha reparado recientemente o se está
reparando son cerca de uno de cada cinco entrevistados (17,3 %). Por lo tanto,
junto a una situación mayoritaria descrita como de precariedad y necesidad de
reparación importantes, se observa que hay una desigual situación de
mantenimiento para otra parte de la población.”[4]
La
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) ni el Censo de Población
y viviendas de 2012 publica el número de albergados en el país ni la estancia
de 20 años de espera de muchos de ellos, tampoco la precariedad y promiscuidad
de los albergues ni los numerosos derrumbes que ocurren de manera recurrente en
todo el territorio nacional. Esta información es fragmentada y sólo es visible,
por testimonios personales en la prensa cubana independiente que continúa
bloqueada. Al menos 20 sitios de la prensa independiente cubana no pueden
leerse al interior del país.
Marlene Azor Hernández es
consultora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.
[1] Ver Ministerio de la Construcción de la
República de Cuba POLÍTICA DE LA VIVIENDA EN CUBA, 2017. Este trabajo no
actualiza el déficit de vivienda en Cuba, actualizado en Cubadebate.cu,
16 de agosto de 2019.
[4] Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
“El estado de los derechos sociales en Cuba” Informe 1 2019, se presenta el 22
de octubre en Madrid.
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