"Los continuados esfuerzos de los aliados ideológicos del castrismo y de quienes por ganar dinero son capaces de vender la soga con la que serán colgados..."
Por Pedro Corzo.
La Unión Europea
estableció en 1996 una política común que imponía ciertas restricciones a sus
relaciones con la dictadura de los hermanos Castro, sin embargo, grupos
políticos de la entidad, nunca dejaron de debatir la abolición de
ese acuerdo o la eliminación de algunas de sus limitaciones.
Los debates
ideológicos de las diferentes fuerzas políticas que concurren en ese
importantísimo foro han repercutido de alguna manera en los vínculos con Cuba.
No obstante, es apropiado reconocer que durante el gobierno del
presidente José Maria Aznar, Partido Popular, la conducta de la UE hacia Cuba
fue más firme y restrictiva que la de sus pares de los gobiernos de José Luis
Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el actual de Pedro Sánchez.
Sin duda alguna
España tiene una particular influencia en la UE en lo que respecta a la implementación
de políticas hacia alguna de sus antiguas colonias, de ahí que los gobiernos
del PSOE y la política laxa del PP de Rajoy hacia la dictadura insular,
permitieran el fin de la posición común y el establecimiento de las bases de un
acuerdo bilateral que normaliza las relaciones del foro democrático más
importante del mundo, con una tiranía familiar que supera los sesenta años de
existencia.
Ni aun en los
tiempos de la posición común la política de la Unión Europea fue lo
firme que la violación de los derechos humanos en Cuba y la intrusión castrista
en los asuntos internos de algunos países miembros ameritaban. Al castrismo
nunca le han faltado aliados en esa audiencia, aunque es justo reconocer que
tampoco enemigos razón por la cual opositores como Osvaldo Paya Sardiñas,
Guillermo Fariñas y las emblemáticas Damas de Blanco, recibieron el distinguido
premio Sajarov de la Libertad de Conciencia.
Recordemos que
la UE le impuso a Birmania sanciones como la prohibición de importación de
ciertos productos y también le negaba a muchos de sus líderes, entre ellos al
presidente, viajar a la Unión, esa prohibición jamás se impuso a un funcionario
castrista como si se ha hecho correctamente con sicarios de la dictadura de
Nicolás Maduro.
Los continuados
esfuerzos de los aliados ideológicos del castrismo y de quienes por ganar
dinero son capaces de vender la soga con la que serán colgados, empezaron a dar
frutos en 2014, cuando se establecieron las bases para alcanzar un
acuerdo de dialogo político entre las partes y normalizar las
relaciones, gestión que culminó exitosamente en diciembre de 2016 cuando se
suscribió el primer acuerdo bilateral que terminó con la “posición común”.
Este Acuerdo
está vigente desde el momento de su firma, pero los estatutos del Bloque
disponen que la implementación completa del mismo requiera la ratificación de
todos los estados miembros, faltando solo por hacerlo la República
de Lituania, uno de los estados Bálticos ocupado por la extinta Unión
Soviética, el histórico protector de la dictadura castrista.
Muchas entidades
y personalidades, cubanas y extranjeras, reclaman al gobierno lituano que no
revaliden el Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación entre la UE y Cuba. Lo solicitan con argumentos sólidos, porque la
dictadura sigue violando sistemática e institucionalmente los derechos de sus
ciudadanos y no es apropiado que se premie un régimen que encarcela a todo
aquel que se atreve a pensar y a actuar de acuerdo a sus convicciones, in
inconcebible que países que padecieron el socialismo real le den amparo a un
régimen que cumple ese modelo a cabalidad.
Cierto que
los que promueve el acuerdo argumentan que el objetivo del mismo es
apoyar un proceso de transición de la economía y la sociedad
cubana, promover el diálogo y la cooperación para fomentar el desarrollo
sostenible, la democracia y los derechos humanos, un juego de palabras muy
bonitas que no dicen nada a los 127 prisioneros políticos que denuncia la
organización radicada en España, Cuban
Prisoners Defenders, y muy particularmente a José Daniel Ferrer y sus
compañeros, al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, preso por retar la
ideología oficial y a ese creciente número de ciudadanos de la isla que
demandan el fin de la dictadura.
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