Bescansa desafía a Iglesias y rechaza el referéndum de independencia como solución para Cataluña
La cofundadora de Podemos propone reformar
la Constitución en tres ámbitos: el Senado, el poder ejecutivo y el marco
territorial
Por ALEXIS ROMERO
* Montero desprecia a Bescansa y planta a la Comisión Constitucional
* Bescansa, contra Iglesias: «Podemos no explica un proyecto para
España»
Carolina Bescansa no está de acuerdo con Iglesias ni en la forma
en que se debe resolver el problema de Cataluña, ni en la manera de discutir
sobre cuál debe ser esa solución. Hace unos meses que la diputada dijo en una
reunión del grupo parlamentario de Unidos Podemos que al partido le faltaba un
relato de su proyecto para el resto de España, consecuencia de su política
centrada en el desafío independentista y en la cuestión de los
nacionalismos.
Tras esta crítica a puerta cerrada –que se filtró a la prensa– la
cofundadora de Podemos fue relevada de uno de las pocas funciones que
desempeñaba en el Congreso de los Diputados, el de portavoz de la Comisión
Constitucional. Bescansa entonces trasladó de forma directa la crítica que
había realizado a puerta cerrada y recibió un toque de atención por parte de la
dirección del partido (Pablo Iglesias e Irene Montero), que le recriminaron que
trasladara estos debates a los medios de comunicación cuando se trataba de
cuestiones internas de la formación.
Sin embargo, Bescansa no ha cejado en su empeño, y ha vuelto a mover
ficha para tratar de confrontar el discurso sobre el problema catalán que
impera en Podemos. La diputada ha presentado ante las estructuras organizativas
del partido, ante sus bases, y también ante los medios, una propuesta de
reforma constitucional que difiere sobremanera de la que defiende Iglesias y su
entorno. En el texto, fruto de «un intenso debate que sostuvimos a lo largo de
2016 un grupo de expertos constitucionalistas, economistas y juristas en el
marco de los trabajos de la Secretaría de Programa y Proceso Constituyente» que
entonces lideraba, habla de la necesidad de que «los círculos y espacios de
debate» del partido discutan sobre estas propuestas y afirma estar dispuesta a
explicarlas y defenderlas allí donde haga falta.
Las tres propuestas de reforma constitucional versan sobre la
transformación del Senado y sus competencias, el marco de actuación del
Gobierno y la reforma de la estructura territorial de España. Es en esta última
idea donde Bescansa propone algo muy diferente a lo que lleva defendiendo
Podemos desde el estallido de la crisis territorial, es decir, la celebración
de un referéndum de autodeterminación «pactado y con garantías» en Cataluña.
El referéndum, la última opción
La cofundadora de Podemos propone renovar el marco constitucional «a
través de un referéndum que respete la voluntad del pueblo español, pero
también la voluntad de los pueblos, regiones y naciones» que conforman
España. Es decir, que para que esta renovación y el nuevo marco sea efectivo, «necesitará
ser refrendado por todo el pueblo español, pero también por todos y cada uno de
los pueblos que integran España». De esta manera, se resuelven, a su juicio,
tanto el problema territorial como el del derecho a decidir.
Sin embargo, la propuesta no acaba ahí, y contempla también el supuesto
de que algún territorio vote negativamente contra una hipotética reforma de la
estructura territorial. Si alguna región rechazase este nuevo texto, se
disolvería el parlamento de la región en cuestión y se celebrarían nuevas
elecciones. Una vez formado un nuevo parlamento, se propondría en el mismo la
celebración de una consulta para decidir si se celebra un referéndum de
autodeterminación. Es decir, en la propuesta de Bescansa, la consulta
independentista estaría supeditada a otras tres consultas: una para que todo el
pueblo español decida qué modelo quiere, otra para que cada una de las regiones
decidan si quieren adherirse a ese modelo, y una tercera para que, en caso
negativo, se decida la celebración de un referéndum de independencia; un
planteamiento muy distinto al de Iglesias, que lejos de alejar la posibilidad
de celebrar un referéndum de autodeterminación en un solo territorio, lo toma
como primera y única solución al conflicto en Cataluña.
Además, tanto la consulta para decidir si se celebra el referéndum como
el propio referéndum deben estar organizados, propone la diputada, por una
comisión mixta de diputados del Congreso y diputados del parlamento regional.
En caso de que salga que «sí», se procede a la disolución del parlamento,
se convocan nuevas elecciones y el nuevo parlamento debe respaldar la decisión
por mayoría de tres quintos. Si no sale esta mayoría, se hace otro referéndum.
Y si finalmente la región rechaza tanto el nuevo marco constitucional como la
independencia, se crea otra comisión mixta de Congreso y parlamento territorial
para hacer una suerte de propuesta intermedia.
Reforma de Gobierno y Senado
En el texto también se recoge una propuesta para convertir al Senado en
una cámara con competencias exclusivas para legislar sobre la organización de
la financiación autonómica, el cálculo del cupo y los fondos de compensación,
atribuciones recogidas en la actualidad en la Ley Orgánica de la Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA). «El nuevo Senado daría entrada a todos
los entes federados en pie de igualdad. Cada ente federado elegirá 10
representantes en un proceso de elección directa en circunscripción única y
coincidente en el tiempo con la elección de representantes al Congreso de los
Diputados», aunque introduce algunas correcciones en la elección dependiendo de
la población de cada región. «Las regulaciones de esta cámara no podrán ser
revocadas ni por el Congreso ni por el Gobierno, ni estarán sometidas a
negociaciones bilaterales entre gobiernos o administraciones».
En cuanto al Gobierno, defiende la elección directa del presidente del
Gobierno a través de un sufragio universal a dos vueltas en circunscripción
estatal única. «Dirigirá la política exterior, será el máximo representante del
Estado y asumirá el mando supremo de las Fuerzas Armadas». También dejará de
nombrar al fiscal general del Estado, no tendrá la potestad del veto
presupuestario sobre cuentas no aprobadas y dejará de ser su potestad proponer
al Senado la aplicación del artículo 155, que corresponderá al Congreso.
Tampoco estará en manos del Gobierno, dice la propuesta, «la intervención de
entidades locales cuando estas logren superávit» en sus cuentas.
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