PODEMOS NO LOGRA PODER CONVENCER

Bescansa desafía a Iglesias y rechaza el referéndum de independencia como solución para Cataluña.

 La cofundadora de Podemos propone reformar la Constitución en tres ámbitos: el Senado, el poder ejecutivo y el marco territorial

Por ALEXIS ROMERO

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Carolina Bescansa no está de acuerdo con Iglesias ni en la forma en que se debe resolver el problema de Cataluña, ni en la manera de discutir sobre cuál debe ser esa solución. Hace unos meses que la diputada dijo en una reunión del grupo parlamentario de Unidos Podemos que al partido le faltaba un relato de su proyecto para el resto de España, consecuencia de su política centrada en el desafío independentista y en la cuestión de los nacionalismos.

Tras esta crítica a puerta cerrada –que se filtró a la prensa– la cofundadora de Podemos fue relevada de uno de las pocas funciones que desempeñaba en el Congreso de los Diputados, el de portavoz de la Comisión Constitucional. Bescansa entonces trasladó de forma directa la crítica que había realizado a puerta cerrada y recibió un toque de atención por parte de la dirección del partido (Pablo Iglesias e Irene Montero), que le recriminaron que trasladara estos debates a los medios de comunicación cuando se trataba de cuestiones internas de la formación.

Sin embargo, Bescansa no ha cejado en su empeño, y ha vuelto a mover ficha para tratar de confrontar el discurso sobre el problema catalán que impera en Podemos. La diputada ha presentado ante las estructuras organizativas del partido, ante sus bases, y también ante los medios, una propuesta de reforma constitucional que difiere sobremanera de la que defiende Iglesias y su entorno. En el texto, fruto de «un intenso debate que sostuvimos a lo largo de 2016 un grupo de expertos constitucionalistas, economistas y juristas en el marco de los trabajos de la Secretaría de Programa y Proceso Constituyente» que entonces lideraba, habla de la necesidad de que «los círculos y espacios de debate» del partido discutan sobre estas propuestas y afirma estar dispuesta a explicarlas y defenderlas allí donde haga falta.

Las tres propuestas de reforma constitucional versan sobre la transformación del Senado y sus competencias, el marco de actuación del Gobierno y la reforma de la estructura territorial de España. Es en esta última idea donde Bescansa propone algo muy diferente a lo que lleva defendiendo Podemos desde el estallido de la crisis territorial, es decir, la celebración de un referéndum de autodeterminación «pactado y con garantías» en Cataluña.

El referéndum, la última opción

La cofundadora de Podemos propone renovar el marco constitucional «a través de un referéndum que respete la voluntad del pueblo español, pero también la voluntad de los pueblos, regiones y naciones» que conforman España. Es decir, que para que esta renovación y el nuevo marco sea efectivo, «necesitará ser refrendado por todo el pueblo español, pero también por todos y cada uno de los pueblos que integran España». De esta manera, se resuelven, a su juicio, tanto el problema territorial como el del derecho a decidir.

Sin embargo, la propuesta no acaba ahí, y contempla también el supuesto de que algún territorio vote negativamente contra una hipotética reforma de la estructura territorial. Si alguna región rechazase este nuevo texto, se disolvería el parlamento de la región en cuestión y se celebrarían nuevas elecciones. Una vez formado un nuevo parlamento, se propondría en el mismo la celebración de una consulta para decidir si se celebra un referéndum de autodeterminación. Es decir, en la propuesta de Bescansa, la consulta independentista estaría supeditada a otras tres consultas: una para que todo el pueblo español decida qué modelo quiere, otra para que cada una de las regiones decidan si quieren adherirse a ese modelo, y una tercera para que, en caso negativo, se decida la celebración de un referéndum de independencia; un planteamiento muy distinto al de Iglesias, que lejos de alejar la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación en un solo territorio, lo toma como primera y única solución al conflicto en Cataluña.

Además, tanto la consulta para decidir si se celebra el referéndum como el propio referéndum deben estar organizados, propone la diputada, por una comisión mixta de diputados del Congreso y diputados del parlamento regional. En caso de que salga que «sí», se procede a la disolución del parlamento, se convocan nuevas elecciones y el nuevo parlamento debe respaldar la decisión por mayoría de tres quintos. Si no sale esta mayoría, se hace otro referéndum. Y si finalmente la región rechaza tanto el nuevo marco constitucional como la independencia, se crea otra comisión mixta de Congreso y parlamento territorial para hacer una suerte de propuesta intermedia.

Reforma de Gobierno y Senado

En el texto también se recoge una propuesta para convertir al Senado en una cámara con competencias exclusivas para legislar sobre la organización de la financiación autonómica, el cálculo del cupo y los fondos de compensación, atribuciones recogidas en la actualidad en la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). «El nuevo Senado daría entrada a todos los entes federados en pie de igualdad. Cada ente federado elegirá 10 representantes en un proceso de elección directa en circunscripción única y coincidente en el tiempo con la elección de representantes al Congreso de los Diputados», aunque introduce algunas correcciones en la elección dependiendo de la población de cada región. «Las regulaciones de esta cámara no podrán ser revocadas ni por el Congreso ni por el Gobierno, ni estarán sometidas a negociaciones bilaterales entre gobiernos o administraciones».

En cuanto al Gobierno, defiende la elección directa del presidente del Gobierno a través de un sufragio universal a dos vueltas en circunscripción estatal única. «Dirigirá la política exterior, será el máximo representante del Estado y asumirá el mando supremo de las Fuerzas Armadas». También dejará de nombrar al fiscal general del Estado, no tendrá la potestad del veto presupuestario sobre cuentas no aprobadas y dejará de ser su potestad proponer al Senado la aplicación del artículo 155, que corresponderá al Congreso. Tampoco estará en manos del Gobierno, dice la propuesta, «la intervención de entidades locales cuando estas logren superávit» en sus cuentas.