Por Yenny Avilés Mojena (Tomado de PD)
La Habana, Cuba,
Yenny Avilés, (PD) En nuestro país existen factores institucionales que generan
pobreza y exclusión. El entorno institucional mediante el cual la sociedad se
relaciona con la tecnología o las posibilidades de desarrollo que la época
ofrece, regula la exclusión de distintos estratos sociales a las posibilidades
de vida y organización familiar. Es peor cuando se comprende que estas formas
de exclusión institucional son inducidas con métodos coercitivos.
Hubo un momento en la
larga historia de desastres económicos que se vive en el país, que el sistema
de ayuda social –muy paternalista– se hizo responsable de que la gente eligiera
tanto la exclusión como la dependencia del Estado. Estas ayudas sociales
excesivas o más bien mal construidas crearon en su momento fuertes incentivos
para no elegir la participación laboral e incluso crear formas de familia “más
normales”.
Hay que decir que los
pobres no son actores pasivos en la sociedad: ellos presentan comportamientos
que refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza, lo que como tendencia
cultural puede ser transmitido de generación en generación.
Se puede afirmar que
toda esta condición de pobreza que hay en Cuba es responsabilidad del sistema,
que por razones políticas la prefiere y es por eso que frena el desarrollo
social.
Casos específicos que
ejemplifican esto sobran a lo largo del país. En mi comunidad, en el municipio
capitalino Boyeros, vive una familia de la raza negra, en la calle Rosita,
Pasaje Descargadero Final sin número, en condiciones infrahumanas. Ellos son 8
de familia, de los cuales 3 están presos por delitos económicos, hay tres
menores de edad y la jefa del núcleo, nombrada Yulie Modoy Abreu, que recibe la
ayuda económica de su hija de 19 años, que se dedica a lavar ropa y limpiar
casas.
Viven en extremas
condiciones de pobreza, en un cuarto de madera, con paredes hechas de trozos de
tablas, el techo de pedazos de tejas de fibrocemento y las divisiones internas
de cartón. Ni siquiera cuentan con una letrina en el patio para hacer sus
necesidades fisiológicas, para lo que usan bolsas de nylon, conocidas de forma
popular como “jabitas”, que luego botan al vertedero o al río, que es donde
desembocan todos los desagües y fosas del lugar. Para bañarse esperan que caiga
la noche y lo hacen en un pisito en el fondo del cuarto.
Yulie salió del
poblado donde vivía nombrado Pueblo Chile, en el municipio San Luis, Santiago
de Cuba, con sus hijos, hermanos y esposo, buscando una mejor calidad de vida
en la capital, algo que hacen muchas personas de las provincias orientales.
Pero la realidad para ellos ha sido muy difícil. Ella dice no comprender cómo
se gastan tantos recursos ayudando a otros países, “cuando en Cuba viven
personas –como yo– en la extrema pobreza”.
El lugar donde reside
está declarado por la Dirección Municipal de la Vivienda como no habitable.
Intentaron expropiarla de su hogar que, aunque está en tan malas condiciones,
es lo que han podido levantar hasta el momento. Explica que ella le dejó bien
claro a las autoridades que no había quien la sacara de su casa, si no era para
darle una vivienda mejor.
Solicitó ayuda a las
autoridades correspondientes, las que han hecho caso omiso. Ha tratado que su
situación sea analizada por las altas esferas del gobierno, enviando cartas al
Consejo de Estado, al Comité Central del Partido Comunista, a la Dirección
Nacional de Vivienda y no ha recibido respuesta.
A Yulie le causa
mucho dolor cuando para trasladarse en un ómnibus, camina hasta 100 y Aldabó y
ve como en tan solo dos años han edificado una ciudad para los militares
mientras que su caso se ha ignorado completamente.
La afectación
sicológica tampoco se ha hecho esperar. Por ejemplo, la niña menor de Yulie
plantea que no lleva amiguitas de la escuela a su casa, porque le da pena:
tiene miedo que se burlen de ella.
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