"Para los despotas cubanos las constituciones y sus legislaciones complimentarias solo sirven para prestar apariencias...."
Por Pedro Corzo.
Bajo las dictaduras,
en particular las ideológicas identificadas con el totalitarismo, las leyes,
específicamente las Constituciones, son solo reflejo de las propuestas e
intereses de quienes gobiernan, difiriendo mucho de los proyectos
constitucionales que razonan que la libertad y el respeto a la
dignidad humana son los objetivos fundamentales.
Las leyes cubanas son irrefutablemente
autoritarias y extremistas, pero la dificultad mayor radica en quienes la
aplican como lo ha demostrado la historia en estos casi sesenta años. Lo que
prima en la isla son las necesidades de quienes detentan el poder, no lo
establecido en una constitución que por sí misma viola los derechos
ciudadanos.
Los promotores de la nueva carta magna
castrista no pretenden institucionalizar los derechos sino continuar
fundamentando constitucionalmente sus inmunidades, mientras
adecuan lenguaje y forma a la actualidad. No hay
trascendencia en el retiro de algunas consignas y calificativos, ni
aun de una eventual supresión del atroz capítulo V de la
constitución de 1976, mientras que sean las mismas personas las que usurpan el
poder.
A pesar que la nomenclatura que
tiene el monopolio de la fuerza es la verdadera constitución porque es Ley y
Orden a la vez, en la ecuación del anteproyecto no hay ni una microscópica
alusión a la libertad de prensa, el pluralismo político y al derecho
inalienable del ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes.
Para los déspotas cubanos las constituciones y sus
legislaciones complementarias solo sirven para prestar apariencia de
institucionalidad al gobierno. Las leyes solo se aplican para beneficio de la
autoridad, condición que no niega la necesidad de educar cada vez más a los individuos
en cuáles son sus derechos y como defenderlos, a la vez
que sean instruidos en el aprovechamiento de aquellas coyunturas legales que
puedan favorecerles.
Las evidencias demuestran sobradamente que sería
contrario a la naturaleza del régimen que factores ajenos al Poder en la isla
puedan aportar ideas o influenciar mínimamente en la toma de decisiones, no
obstante en lo que atañe al producto final es imperioso estar al tanto del
desarrollo y la conclusión del mismo.
El principal promotor de esta carta magna es Raúl
Castro, uno de los auspiciadores de la de 1976. Ël junto a sus secuaces estuvo
involucrado en la elaboración de los postulados y en el montaje cerrado y
opresivo en los que se desarrollaron las asambleas que conocieron aquellas
propuesta, en honor a la verdad, los que postulan esta
farsa solo intentan disponer de un desodorante más fuerte que amortigüe los
nefastos efluvios y múltiples fracasos que la corrupta dictadura ha ocasionado
por sesenta años.
No se pueden esperar cambios sustanciales de
quienes instrumentan un proyecto constitucional que solo busca legitimidad ante
la comunidad internacional. El objetivo es “cambiar para
que todo siga igual”. Establecer nuevas normas sobre las cuales
ejercer la misma absoluta dominación de las últimas décadas es lo importante,
además, de seguir ejecutando la autoridad y la fuerza que de ella se derivan.
Es cierto que para muchos es atractivo que en
el anteproyecto constitucional se elimine el concepto de comunismo, que se
reconozca algo de propiedad privada y que hasta se limite la edad del futuro
mandatario, a su vez que el poder ejecutivo adquiere otras características,
pero todo esto es irrelevante si la carreta continua conducida por los mismo
bueyes como diría uno de los muchos campesinos cubanos que combatieron con las
armas en las manos a la dictadura.
Sin duda alguna cuando en Cuba se restaure la
democracia, es imperativo ir a una constituyente que responda a los valores
democráticos, pero mientras las formas castristas sean las hegemónicas, los
cubanos libres y sus aliados deberían enfocar sus recursos en la destrucción
del actual orden.
Para
la autocracia castrista, las constituciones y sus legislaciones complementarias
solo sirven para dar una apariencia de institucionalidad al gobierno, por eso
uno de sus promotores, miembro del Consejo de Estado dijo
erradamente que el nuevo documento tendría artículos pétreos
obviando que son los moncadistas, los herederos de Fidel y Raúl Castro, los que
están todavía en plena edad de Piedra.
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