El hecho que candidatos de la
oposición, a pesar de la dictadura institucional vigente en el país, le hayan
quitado legalmente el control de la Asamblea Legislativa al oficialismo, es un
suceso que estimula a quienes luchan por la libertad en cualquier lugar del
mundo.
A partir del cinco de
enero se inició en Venezuela un proceso sin precedentes. Una mayoría
parlamentaria, con vocación democrática, está dispuesta a retar un
Ejecutivo que controla el resto de los poderes del Estado.
El Parlamento venezolano
ha sido uno de los principales instrumentos usado por el chavismo para instalar
una dictadura institucional sobre una colosal farsa democrática, lo que le
confirió la capacidad de cercenar paulatinamente los derechos ciudadanos,
arruinar la economía nacional y generar una corrupción sin precedentes en un
marco de relativa legitimidad.
La convivencia en un
parlamento integrado por legisladores con diferentes ideas e intereses, es
complicada y difícil, pero lo que se experimenta en la Asamblea
Legislativa venezolana no tiene precedentes ya que enfrenta un ejecutivo
y un poder judicial que responden a una ideología excluyente y sectaria, con
medios suficientes para intentar neutralizar y hasta sabotear las decisiones de
los legisladores.
Es de suponer que los
líderes políticos de la oposición estén desarrollando recursos para blindarse
contra las agresiones que en su contra va a desplegar el chavismo,
instrumentados de la peor manera posible por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,
este último, procurara generar conflictos dentro y fuera de la Asamblea,
incentivando a los grupos más radicales del chavismo a establecer bloqueo y a
agredir a los legisladores contrarios al gobierno.
Por su parte el presidente
Maduro tratará de responsabilizar a la Asamblea de la agudización de la
crisis económica, y de los problemas que afronte el gobierno a partir del
momento que el poder legislativo se emancipó del ejecutivo, intentara bloquear
las decisiones del Parlamento y desconocer sus atribuciones.
El poder judicial ha sido
la primera herramienta del gobierno para tratar de ilegalizar las decisiones de
la Cámara, los magistrados hurgaran o interpretaran a conveniencia cualquier
legislación que afecte al gobierno, serán la primera línea del frente
oficialista contra la oposición.
Cierto que la Asamblea
Nacional tiene potestad para nombrar magistrados y hasta promover la revocación
del presidente, pero ambas habilidades, aunque cuentan con la fuerza moral que
le otorgó el pueblo, en caso de rebeldía, tiene que tener la subordinación de
las fuerzas públicas para hacer cumplir sus decisiones, lo que no parece
factible en base a las recientes declaraciones del ministro de la Defensa,
Vladimir Padrino López, quien dijo que se había ultrajado a la Patria cuando la
mayoría parlamentaria decidió retirar un cuadro del comandante golpista Hugo
Chávez, el general, reiteró su respaldo al gobierno y no a la Constitución, un
indicativo que refleja que parte está en un conflicto de poderes que tiende a
agravarse.
Ante esta situación el apoyo
activo de los electores que votaron a favor del cambio, es la principal defensa
de los legisladores que impugnan la autocracia.
El éxito de la campaña electoral
de la oposición hay que validarlo con otra cruzada que muestre que la
mayoría de la población no votó exclusivamente contra el oficialismo por el
pésimo gobierno, sino también, porque está a favor de cambios sustanciales que
desmonten unas estructuras políticas y administrativas contrarias a los mejores
intereses de la nación.
Es de suponer que un por
ciento del electorado votó contra el régimen por el empobrecimiento, la alta
inflación y la extendida escases de bienes de primera necesidad, incluidos los
productos farmacéuticos, pero es de esperar, ahí está la garantía de futuro,
que la mayoría haya hecho conciencia que las propuestas populistas que enarbola
el régimen, por muy bien elaboradas que estén, solo sirven para socializar la
miseria y convertir al individuo en una masa amorfa que solo responde a los
dictados del caudillo.
Es preciso trabajar a
favor de que el chavismo deje de ser una alternativa electoral, no porque se
prohíba o ilegalice lo que Hugo Chávez representó para un sector de la
población, sino porque el ciudadano habría tomado conciencia que las propuestas
que encarnó, eran inviables y voluntaristas, y que en ningún momento estaban
sostenidas en postulados que tuvieran el trabajo y el respeto a la libertad
como fundamento.
Hay que demostrar que el
denominado Socialismo del Siglo XXI como en su momento lo fue el socialismo
real castrista, aun en el supuesto negado de que hubieran sido un éxito
económico, son negativos para el ciudadano, porque ataca su condición de
hombres y mujeres con derechos a tomar decisiones acertada o erradas, pero
propias.
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