 Por Alberto Medina Mendez
La corrupción es
un fenómeno social que no merece contemplación alguna. Cuando la sociedad
siente que se la ha engañado, robándole no solo sus recursos económicos sino
también sus ilusiones, no precisa justificadores seriales que ensayen
explicaciones insólitas que agravian a todos.
Es imprescindible que los aberrantes hechos del presente no solo sirvan para
el debate coyuntural, sino que sean el puntapié inicial para revisar el fondo
de la cuestión e implementar los cambios que eviten que sucesos de este tipo
se puedan repetir cíclicamente y con tanta frecuencia.
Esta vez lo que horroriza tiene que ver con lo ordinario y lo burdo, con lo
grotesco y esa ausencia de barreras inhibitorias de los protagonistas. El
descaro absoluto, la falta total de pudor, la desaparición del mínimo
aceptable de decoro es lo que, en todo caso, impresiona e impacta.
Ese dirigente político, que haciendo uso de su depravada mentalidad, apela al
patético recurso argumental de minimizar la importancia de lo acontecido,
aduciendo que otros actores inducen al corrupto en cuestión desde posiciones
diferentes, ofende a la sociedad e insulta su inteligencia.
Cuando un "mercachifle" ofrece dinero a cambio de favores comete un
delito pero además abusa de la gente en provecho propio. Nadie sensatamente
puede defender esa postura. Pero ponerlo en un pie de igualdad con el
funcionario que fue colocado allí por quien ha sido electo por la sociedad
para administrar lo de todos, es un tremendo error conceptual.
Los que ocupan un lugar en el gobierno, llegan ahí de la mano de elecciones
populares, en las que los partidos políticos ofrecen a la sociedad propuestas
y también personas que las representarán para generar un círculo virtuoso que
impactará en sus vidas de un modo favorable.
Por el contrario, ese ciudadano que algunos definen equivocadamente como
"empresario", no es más que un mero "traficante de privilegios",
alguien que no ofrece servicios para satisfacer a la sociedad, sino que
comercia amparado en la existencia de oscuras normativas que le permiten
obtener un cuestionable provecho personal.
Ese deshonesto personaje de esta historia es un simple "ratero", un
delincuente común, que jamás ha sido seleccionado por la sociedad
directamente, ni tampoco de un modo indirecto. Es un bandido, un pillo,
pero que no representa a nadie. Por eso no está en la misma situación
que el funcionario que le ha posibilitado construir su pérfido negocio.
No es relevante, desde un punto de vista ético, establecer categorías de
culpabilidad, porque no importa demasiado en qué lugar de esa escala se
coloca a cada malandrín, sino su inobjetable lugar en ese proceso diseñado
para consumar el perjuicio final.
Pero tampoco se debe aceptar tan mansamente esa suerte de pretexto argumental
que cierto sector de la política intenta utilizar para minimizar sus propias
culpas, que claramente existen por acción o por omisión.
Si las más altas esferas forman parte de ese perverso plan de saqueo
sistemático al Estado, resultan especialmente repudiables no solo por su
nefasto cinismo, sino también por su inocultable actitud delictual.
Pero aun si no fueran cómplices directos de semejante estafa social,
tendrían responsabilidades por su evidente negligencia, su indisimulable
inoperancia y esa manifiesta incapacidad para conducir un gobierno.
No es saludable detenerse frente a la anécdota. Hay que evitar que la
vergüenza convierta a esto que ha ocurrido otra vez, como en tantas otras
oportunidades, en solo un eslabón más de una interminable cadena.
Para eso es preciso comprender la naturaleza de la corrupción. No es un
accidente, ni un hecho fortuito que brota porque un par de inmorales se ponen
de acuerdo. Es un suceso que se concreta gracias a la potestad que tienen los
gobiernos de decidir discrecionalmente sobre la vida de la gente.
Si esa facultad no estuviera habilitada no habría margen por donde pasar, y
estos indecentes no tendrían la chance de llevarlo a cabo. El problema no es
la moralidad de las personas, sino la permeabilidad de un sistema que genera
hendijas por donde filtrarse con comodidad, a espaldas de todos.
Si no se quiere seguir transitando este humillante camino no alcanza con
reclamar más controles, ni tampoco con mejorar el proceso de selección de los
que tendrán la tarea de conducir. La labor implica destruir los pilares de un
esquema intrínsecamente corrupto que viene asociado al poder que cualquier
gobierno dispone para tomar decisiones inconsultas.
Es tiempo de mirarse en el espejo, y de asumir la parte que le toca en suerte
a cada uno. Mucho de lo que ocurre tiene que ver con decisiones erróneas,
pero también con ciertas visiones sobre los asuntos públicos que conforman
una gran fantasía alejada de la verdad. La presencia de paradigmas
distorsionados hace que muchos supongan que las cosas son como deberían ser y
no como realmente son. Por eso insisten y se repiten.
A estas alturas ya no se trata de juzgar a los corruptos por el volumen de
sus fechorías, sino por lo que hacen a diario. Eso implica independizar la
magnitud de lo hecho de sus respectivos actos delictivos. No es significativo
clasificar a los ladrones por la dimensión de lo apropiado. Importa, en todo
caso, establecer con claridad quiénes son finalmente los malhechores.
El país tiene una enorme oportunidad entre sus manos. La puede dejar escurrir
entre sus dedos nuevamente como en tantas otras ocasiones en el pasado, o
puede tomar "el toro por las astas" y enfocarse en el núcleo del
problema, para que eso no suceda nunca más, o al menos para que si ocurre no
aparezcan otra vez estas justificaciones que insultan.
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