METRONEWS/M3
Las sesiones
ordinarias de la Asamblea Nacional en Cuba se realizan dos veces al
año, habitualmente en febrero y julio, y no son comunes los llamados a
las reuniones extraordinarias. La última sesión extraordinaria fue en
marzo del 2014 para debatir la Ley de Inversiones Extranjeras. Entonces,
¿cuál fue el motivo real de convocar la reciente reunión extraordinaria
del “parlamento de la unanimidad”? ¿Discutir documentos que
inexcusablemente aprobarían apenas un mes más tarde? No es probable. Más
bien parece que los objetivos eran otros.
Primero, la
urgente necesidad de otorgar legitimidad nacional e internacional a la
injerencia cubana –militar, de inteligencia y política– en Venezuela ante
el rápido deterioro del control social en esa narco colonia de La Habana.
Segundo, la conveniencia de hacer creer, antes de que el nuevo presidente
de Estados Unidos se pronuncie sobre su política hacia la isla, que las
pretendidas “reformas raulistas” podrían continuar ampliándose, por lo
que sería nocivo que Donald J. Trump diese un giro de timón hacia
posturas más duras.
Lo primero
se materializó en la forma de un comunicado sobre la situación en
Venezuela que solo sirve el propósito de ofrecer la perspectiva de la
gerontocracia totalitaria cubana sobre lo que acontece en aquel país. No
va más allá. Ausentes están las clásicas frases fidelistas de tono
numantino y épico. Nada de aquello que se decía antes respecto a Vietnam
y otros “países hermanos” en el sentido de que en defensa del gobierno de
Maduro estarían dispuestos a derramar sangre cubana. Pero suficiente para
recalcar que al gobierno cubano le asiste el derecho de apoyar al de
Venezuela en esta hora crítica.
No hace
falta más. Raúl Castro no es la sombra de su carismático hermano y le
basta con lo dicho para justificar el que se aplaste a sangre
y fuego la actual rebelión popular. Insinuar algo más sería
jugar con la impredecible reacción del presidente Trump.
A Raúl se le reconocen sus dotes de represor pero no de político
temerario.
La segunda
función de esta convocatoria extraordinaria de la llamada Asamblea
Nacional del Poder Popular era fabricar oportunos y optimistas
titulares en la prensa internacional sobre las buenas intenciones del
pretendido reformismo cubano. El lobby anti embargo en Estados Unidos se
está moviendo a gran velocidad para persuadir congresistas y al propio
Trump de que revertir las concesiones de Obama reforzaría la línea dura
de la elite de poder, revertiría las supuestas “importantes
transformaciones” de Raúl Castro y provocaría perdidas por miles de millones
de dólares a la economía estadounidense.
Esos grupos
necesitaban con toda urgencia un gesto de La Habana que reforzara sus
argumentos antes de que Trump anunciara su política hacia la isla. Sin
embargo, por mucho que trataron de enmascarar su inflexibilidad
–prometiendo que finalmente permitirían registrar legalmente los negocios
de los cuentapropistas como empresas con personalidad jurídica– los
documentos y discursos demuestran lo contrario.
El enunciado
128 de la llamada “conceptualización del nuevo modelo” deja claro que
toda empresa del sector privado nacional –no así la estatal o
extranjera– está sujeta al principio de “temporalidad”. Traducción:
podrán registrarse legalmente, pero el estado las podrá confiscar o
disolver cuando lo desee. Agréguese a esa fórmula que queda prohibido a
ese sector “enriquecerse”, aunque nadie define cuál ha de ser el monto
para medir ese “enriquecimiento”, ni concentrar propiedades en una
misma corporación (artículo 128).
En otras
palabras: queda terminantemente prohibido tener éxito en el sector
privado nacional. Los que sean emprendedores deben saber que en su “nuevo
encaje” en la economía cubana han de resignarse a ser empresarios
pequeños y mediocres. Como ha aseverado el destacado economista Carmelo
Mesa Lago, los militares cubanos asemejan una suerte de rey Midas a la
inversa.
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