"La ciudadania por derecho de nacimiento no solo es rara, sino que tambien está en declive..."
Por José Azel.
En las Américas,
damos por sentado la ciudadanía por derecho de nacimiento. Pero, de hecho, el
derecho a la ciudadanía de cualquier persona nacida en el territorio de un
estado es raro. Actualmente, solo una treintena de países en el mundo ofrecen
la ciudadanía jus soli (derecho del suelo). En el resto del mundo, la
ciudadanía se pasa por descendencia según el principio de jus sanguinis
(derecho de sangre), lo que significa tener al menos un padre que sea ciudadano
de ese país.
En Europa, Asia,
África y Oceanía, todas las naciones otorgan la ciudadanía en alguna forma de
protocolos de jus sanguinis. En las sociedades patriarcales, la ciudadanía del
niño puede determinarse a través del padre; en sociedades matriarcales a través
de la madre; y algunos países pueden requerir que ambos padres sean ciudadanos.
Para la mayor parte del mundo, el lugar donde naciste no es el factor decisivo
para la ciudadanía.
La
ciudadanía por derecho de nacimiento no solo es rara, sino que también está en
declive. En los últimos años, algunos países han pasado de la ciudadanía jus
soli a la jus sanguinis. Malta, India, Nueva Zelanda, Australia, Francia e
Irlanda han hecho la transición a la ciudadanía jus sanguinis. No está claro
por qué los únicos países que otorgan la ciudadanía por derecho de nacimiento
son las Américas. Pero en 2013, la República Dominicana cambió las leyes de jus
soli del país de manera retroactiva, despojando a unos 200,000 dominicanos de
ascendencia haitiana de su ciudadanía dominicana.
Actualmente,
Estados Unidos ofrece ciudadanía en ambos principios de jus soli y jus
sanguinis, y también por naturalización. Los redactores de la Constitución de
los Estados Unidos no definieron la ciudadanía nacional. Por lo tanto, en los
Estados Unidos, la ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la
Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, que
establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados
Unidos, y sujetas a la jurisdicción de la misma, son ciudadanos de los Estados
Unidos y del Estado en el que residen”.
Históricamente,
esta redacción se utilizó para anular la decisión de la Corte de 1857 (Dred
Scott v. Sanford) de que "los afroamericanos no eran ciudadanos de los
Estados Unidos..." Y, aunque los casos de la Corte Suprema han afirmado
esencialmente la ciudadanía estadounidense, ni la Corte Suprema ni El Congreso
ha aclarado si el lenguaje de la Decimocuarta Enmienda se aplica a los hijos de
padres nacidos en los Estados Unidos ilegalmente en el país. La decisión de la
Corte de 1898 a menudo citada en los Estados Unidos v. Wong Kim Ark, representa
solo la proposición limitada de que los hijos nacidos en los Estados Unidos de
extranjeros residentes legales permanentes son ciudadanos estadounidenses. No
aborda el problema de los niños nacidos en los EE. UU. De residentes no
legales. Por lo tanto, el tema sigue siendo una pregunta abierta.
Los números
son alarmantes. El Centro de Investigación Pew estima que el 7.5 por ciento de
todos los nacimientos en los Estados Unidos, alrededor de 300,000 nacimientos
por año, son de inmigrantes no autorizados. Pew también calcula que hay 4.5
millones de niños que nacieron de inmigrantes no autorizados que recibieron la
ciudadanía en virtud de haber nacido en los Estados Unidos. Dada la magnitud
del problema y el hecho de que la mayoría de los países del mundo han rechazado
la ciudadanía por derecho de nacimiento, puede ser una política que valga la
pena revisar.
Un argumento
principal en contra de la ciudadanía automática por derecho de nacimiento es
que el país otorgante renuncia a su derecho soberano de decidir quién puede
convertirse en ciudadano. La ciudadanía por derecho de nacimiento quita poder a
la ciudadanía existente.
Un gobierno
justo se basa en un contrato social celebrado libremente por ciudadanos libres.
Por lo tanto, el alcance y la autoridad de ese contrato social se extiende solo
a aquellos ciudadanos que han aceptado estar sujetos a las disposiciones del
contrato. Esta es la esencia de la ciudadanía. Entonces, como dice el
argumento, un contrato social donde cualquiera puede unirse desafiando a la
comunidad de miembros existentes no es un contrato social en absoluto. La
ciudadanía por derecho de nacimiento es inherentemente contradictoria.
Finalmente,
los estados desarrollarán políticas prácticas de ciudadanía para acomodar sus
cambiantes necesidades económicas y de seguridad. Considere la Ciudad del
Vaticano, donde no se aplica ni jus soli ni jus sanguinis. La única forma de
obtener la ciudadanía de la Ciudad del Vaticano es trabajar para la Santa Sede
o mediante una dispensa especial papal. El Vaticano defiende con vehemencia los
derechos de los inmigrantes, pero irónicamente, es el único lugar en el mundo
donde uno puede convertirse en ciudadano solo a gusto de su Jefe de Estado.
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