Los
venezolanos recordaran a Barack Hussein Obama II por haber decretado que este
país es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la
política exterior de los Estados Unidos” por lo que declaró “una emergencia
nacional para hacer frente a esta amenaza” y luego no haber hecho nada al
respecto.
Salvo
las medidas dictadas inicialmente contra siete funcionarios, lista que se ha
ido ampliando más por presiones del Congreso que por iniciativa de la Administración,
pero aquellas siguen siendo las mismas, que no son sanciones propiamente
dichas, porque si privar de visa fuera una sanción entonces la mayoría de los
pocos venezolanos que las solicitan estarían sancionados; como el bloqueo de
bienes, que presupone tenerlos en EEUU y que no impide que, por ejemplo, si
alguno falleciera, sus herederos pudieran reclamarlos, por no decir que con
toda seguridad los tienen a nombre de terceros.
Luego la
Administración terminó casi que disculpándose por haber dictado el Decreto,
ante el escándalo del Foro de Sao Paulo, aduciendo que ciertamente Venezuela no
es una amenaza creíble para EEUU, pero tenía que hacerlo así porque es un
requisito exigido por leyes de emergencia que permiten aplicar sanciones
económicas, o sea, que es una cuestión de mera forma.
La
disculpa es más bien una confesión, porque si se decreta que es amenaza quien
en verdad no lo es, sólo por cumplir requisitos establecidos para la aplicación
subsecuente de normas concatenadas, en español eso se llama fraude a
la ley, esto es, modificar deliberadamente los factores de conexión
establecidos en las leyes para conseguir la aplicación de aquellas que sean más
favorables a la realización de los propios deseos, burlando una restricción
legal.
La
motivación del Decreto es la violación de DDHH, corrupción pública
significativa y la inexistencia de un mínimo democrático en Venezuela y si bien
es necesaria una alta elucubración para entender cómo es que esto amenaza la
seguridad nacional y la política exterior de los EEUU lo más arduo es hacerlo
compatible con la política de apertura al régimen de Castro, responsable
directo de todos aquellos desmanes.
Si hasta
la Conferencia Episcopal de Venezuela ha llegado a la conclusión de que la
causa de este desastre es la imposición de un modelo totalitario, plasmado en
el llamado Plan de la Patria, que no es otra cosa que la implantación del
castrocomunismo en este país, cabeza de puente para su expansión a todo el
continente.
Así
sacaron a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo porque hacía
seis meses que no participaba en esas actividades y, según el New York Times,
renunció a sus relaciones con organizaciones terroristas; aunque es público y
notorio que el secretariado de las FARC vive a cuerpo de rey en La Habana,
junto a los Panteras Negras, los Macheteros de Puerto Rico y cualquier otro
terrorista de ranking mundial.
Ni por
asomo aparecen las palabras comunismo, guerrilla, islamismo, yihad, que no
calzan en la retórica de Obama; pero lo más inquietante es que no perciba
violaciones de DDHH, corrupción pública significativa e inexistencia de un
mínimo democrático, en Cuba.
Todo el
cambio de enfoque de su política hacia Cuba se basa en el supuesto de que las
de diez administraciones anteriores “no funcionaron”; alguien debería decirle
que la suya hacia Venezuela no solo no funciona sino que resulta payasesca.
Los
funcionarios sancionados han sido todos recompensados por el régimen, elevados
a la categoría de héroes de la patria y no parece que ni siquiera la exposición
pública internacional haya disminuido un ápice la saña criminal con que siguen
actuando.
En
cambio, sirve para la campaña propagandística más ridícula y falsaria de la
historia, en la que se muestran pescadores de Margarita, indios del Amazonas,
campesinos de los llanos, ancianos, niños (pero ni uno solo de los corruptos
sancionados) clamando: “¡Obama, deroga el Decreto ya!”
Cuando
se hace una falsificación, lo que queda en el mundo es lo falso, no lo que
pretenden los farsantes. Ese es el legado de Obama y otros legados.
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