Las sesiones
ordinarias de la Asamblea Nacional en Cuba se realizan dos veces al
año, habitualmente en febrero y julio, y no son comunes los llamados a
las reuniones extraordinarias. La última sesión extraordinaria fue en
marzo del 2014 para debatir la Ley de Inversiones Extranjeras. Entonces,
¿cuál fue el motivo real de convocar la reciente reunión extraordinaria
del “parlamento de la unanimidad”? ¿Discutir documentos que
inexcusablemente aprobarían apenas un mes más tarde? No es probable. Más
bien parece que los objetivos eran otros.
Primero, la urgente
necesidad de otorgar legitimidad nacional e internacional a la injerencia
cubana –militar, de inteligencia y política– en Venezuela ante el rápido
deterioro del control social en esa narco colonia de La Habana. Segundo,
la conveniencia de hacer creer, antes de que el nuevo presidente de
Estados Unidos se pronuncie sobre su política hacia la isla, que las
pretendidas “reformas raulistas” podrían continuar ampliándose, por lo
que sería nocivo que Donald J. Trump diese un giro de timón hacia
posturas más duras.
Lo primero se materializó
en la forma de un comunicado sobre la situación en Venezuela que solo
sirve el propósito de ofrecer la perspectiva de la gerontocracia
totalitaria cubana sobre lo que acontece en aquel país. No va más allá.
Ausentes están las clásicas frases fidelistas de tono numantino y épico.
Nada de aquello que se decía antes respecto a Vietnam y otros “países
hermanos” en el sentido de que en defensa del gobierno de Maduro estarían
dispuestos a derramar sangre cubana. Pero suficiente para recalcar que al
gobierno cubano le asiste el derecho de apoyar al de Venezuela en esta
hora crítica.
No hace falta más. Raúl
Castro no es la sombra de su carismático hermano y le basta con lo dicho
para justificar el que se aplaste a sangre y fuego la actual rebelión
popular. Insinuar algo más sería jugar con la impredecible
reacción del presidente Trump. A Raúl se le reconocen sus
dotes de represor pero no de político temerario.
La segunda función de
esta convocatoria extraordinaria de la llamada Asamblea Nacional del
Poder Popular era fabricar oportunos y optimistas titulares en la
prensa internacional sobre las buenas intenciones del pretendido
reformismo cubano. El lobby anti embargo en Estados Unidos se está
moviendo a gran velocidad para persuadir congresistas y al propio Trump
de que revertir las concesiones de Obama reforzaría la línea dura de la
elite de poder, revertiría las supuestas “importantes transformaciones”
de Raúl Castro y provocaría perdidas por miles de millones de dólares a la
economía estadounidense.
Esos grupos necesitaban
con toda urgencia un gesto de La Habana que reforzara sus argumentos
antes de que Trump anunciara su política hacia la isla. Sin embargo, por
mucho que trataron de enmascarar su inflexibilidad –prometiendo que
finalmente permitirían registrar legalmente los negocios de los
cuentapropistas como empresas con personalidad jurídica– los documentos y
discursos demuestran lo contrario.
El enunciado 128 de la
llamada “conceptualización del nuevo modelo” deja claro que toda empresa
del sector privado nacional –no así la estatal o extranjera– está
sujeta al principio de “temporalidad”. Traducción: podrán registrarse
legalmente, pero el estado las podrá confiscar o disolver cuando lo desee.
Agréguese a esa fórmula que queda prohibido a ese sector “enriquecerse”,
aunque nadie define cuál ha de ser el monto para medir ese
“enriquecimiento”, ni concentrar propiedades en una misma corporación
(artículo 128).
En otras palabras: queda
terminantemente prohibido tener éxito en el sector privado nacional. Los
que sean emprendedores deben saber que en su “nuevo encaje” en la
economía cubana han de resignarse a ser empresarios pequeños y mediocres.
Como ha aseverado el destacado economista Carmelo Mesa Lago, los
militares cubanos asemejan una suerte de rey Midas a la inversa.
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