"Sin embargo, muchos estimaron que las cantidades fijadas se quedaban lejos de su valor real, en la quinta parte de lo que les correspondía..."
Aunque la ley Helms-Burton solo
se hace efectiva para ciudadanos de EEUU, familias de otras nacionalidades
esperan que la medida los beneficie legalmente para conseguir reparación por
las propiedades que perdieron en Cuba con
las confiscaciones ejecutadas por el Gobierno de Fidel
Castro.
¿Podrán reclamar
sus posesiones los españoles expropiados en Cuba?
DDC | Madrid
En el caso de
los propietarios españoles, el asunto se trató de zanjar con un convenio
bilateral que empezó a negociarse bajo el gobierno de Adolfo Suárez y que se
firmó en La Habana el 16 de noviembre de 1986, con Felipe González al
frente del Ejecutivo.
En el acuerdo, el
Gobierno de Cuba se comprometía a pagar a España 5.416 millones de
pesetas (unos 32,5 millones de euros) "como liquidación y finiquito de la
indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las
personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado
afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la
República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del
presente convenio, ambas inclusive".
De esa cantidad,
un tercio se abonaría en metálico y el resto en especie, a base de productos
como tabaco, azúcar o camarones. Más de 3.000 españoles serían indemnizados
según el acuerdo, refiere el diario ABC.
Sin embargo,
muchos estimaron que las cantidades fijadas se quedaban lejos de su valor real,
en torno a la quinta parte de lo que les correspondía.
El Tribunal
Supremo confirmó en 2003 y 2004 la validez del convenio, pero también indicó
que este no extingue el ejercicio del "hipotético derecho de los
particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa
indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el
actual o ante un posterior Gobierno cubano".
Los magistrados
aclararon que hablan de "hipotéticos derechos" porque "mientras
el actual régimen político cubano subsista es de todo punto inimaginable que
una pretensión resarcitoria de los afectados pueda prosperar, siendo por ello
algo fuera de la realidad, contrario a la naturaleza de las cosas, pensar que
se pueda obtener un resultado mejor al conseguido después de tantos años de
negociaciones, máxime si tenemos en cuenta la situación económica actual de la
República de Cuba, sin visos de recuperación a corto plazo".
Una empresa
privada, 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, lleva años agrupando a
víctimas españolas del expolio cubano y tratando de darles esperanzas. En lugar
de acudir a la vía judicial, su estrategia es recopilar por ahora la
documentación que acredite la propiedad o la herencia de los bienes y hacer las
gestiones oportunas para que, llegado el momento, el Gobierno de Cuba las devuelva.
El director
general de la compañía, Jordi Carabarrocas, explica, tras estudiar 40 casos
similares en otros países, que en un 90% se acababa devolviendo lo incautado a
sus legítimos dueños. "En un momento cercano de la historia, Cuba entrará
en ese camino de la reversión" de las expropiaciones, apuntó convencido.
1898 CRP ha
reunido a 450 familias españolas, de ellas medio centenar residentes en EEUU,
aunque la empresa considera que podría haber 3.000 en total, con bienes
confiscados por valor de 30.000 millones de dólares.
Según Cabarrocas,
aunque los españoles no puedan acogerse a la ley Helms-Burton, la medida los
beneficia indirectamente, porque EEUU "tira del carro" y "a
corto o medio plazo va a paralizar cualquier inversión en Cuba", lo que
forzaría la reversión.
Entre quienes han
acudido a 1898 CRP hay posibles herederos de Raúl Lesteiro, que murió en
1963 en Madrid, y era propietario de 17.549 m2 de la playa de Santa
María del Mar, hoy ocupados por el Hotel Gran Caribe Club Atlántico así como
otros inmuebles confiscados, que incluyen un gran caserón en la capital cubana.
Lesteiro no entró
en el listado del convenio porque en el momento de la expropiación había
adquirido la nacionalidad cubana y, además, había desaparecido la
documentación, que ahora su familia está rastreando.
El Gobierno
español considera que las reclamaciones sobre bienes expropiados son ya, al
menos en lo que se refiere a conflicto entre Estados, un caso cerrado.
Fuentes del
Ministerio de Asuntos Exteriores español dijeron a ABC que el
planteamiento norteamericano, con la "imposición de una ley más allá de
las fronteras, no es homologable al planteamiento europeo", basado en la
negociación de un acuerdo para establecer una indemnización.
"Cuba y
España cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una indemnización
para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de lugar", recalcó
Exteriores. En este sentido, señaló, "cualquier reclamación que se plantee
tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular".
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