"Ningún derecho universal es
reivindicable ni justiciable en el país..."
Marlene Azor Hernández, Ciudad
de México |
En su artículo 8, la nueva constitución deja claro que no subordinará su
ordenamiento interno al derecho internacional y que la Constitución prima por
encima de sus compromisos internacionales como Estado:
“ARTÍCULO 8. Lo prescrito en los tratados
internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra,
según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional. La Constitución de la
República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales”.
Las numerosas sugerencias de la comunidad
internacional para que se ratifiquen los dos Pactos internacionales de derechos
humanos que forman parte de la Carta de la ONU, no fueron incorporadas en la
Constitución. Tampoco la creación de una organización nacional de Derechos Humanos,
al margen del gobierno, que monitoree la situación en el país. El artículo 8
define que la interpretación de los derechos humanos en Cuba seguirá definida
por el partido comunista, y no según el derecho internacional. El Pacto de
derechos civiles y políticos de la ONU continúa sin ser reconocido y ratificado
por el gobierno cubano. Tampoco el de derechos económicos sociales y
culturales. No se ha ratificado el protocolo facultativo contra la tortura y
los tratos crueles y degradantes.
Un proceso de referendo plagado de
irregularidades
La unidad de poder y la ley electoral vigente
produjeron un fraude electoral, institucional y estructural por parte del
gobierno cubano una vez más el 24 de febrero del 2019:
- La Comisión Electoral Nacional está sometida
al control del partido comunista de Cuba.
- La ley electoral no permite la observación
electoral ciudadana independiente al estado-partido en los niveles municipal,
provincial y nacional. Solo en los colegios electorales de base el ciudadano
puede observar el escrutinio de votos, pero tampoco accede al manejo del padrón
electoral, elaborado por las autoridades. Pueden aparecer, en la lista y en los
votos pro gobierno, fallecidos, exiliados o médicos independientes que no
pueden entrar al país, según testimonios recolectados por las organizaciones
ilegales de derechos humanos. No aparecieron en el padrón electoral del
referendo los opositores que abiertamente se pronunciaron, antes y durante, por
el NO.
- No existe una organización legal nacional e
independiente del gobierno que fiscalice el control del padrón electoral y el
escrutinio de votos en todos los niveles. Las autoridades electorales tienen
las manos libres para “ajustar” los números a puertas cerradas
- El gobierno cubano no invita y prohíbe la
observación internacional sobre sus elecciones y referendos. Sea por ONG
especializadas en observación electoral en la región, representantes de
gobiernos u observadores de Naciones Unidas.
Por esta razón, decimos que el fraude es
institucional y estructural en el sistema político cubano, por la ausencia de
control ciudadano independiente del padrón electoral y del escrutinio de votos.
El fraude es recurrente en las elecciones periódicas y en el referendo, las
cifras oficiales no son fiables por la propia ley electoral y las instituciones
a puertas cerradas que las producen. Todos los emigrantes temporales no
pudieron votar porque las embajadas cubanas en el exterior no abrieron colegios
electorales. Hablamos de cientos de miles de ciudadanos con capacidad legal para
votar, según la ley electoral cubana.
Otras violaciones reportadas por las
organizaciones de derechos humanos cubanas sobre el día del referendo
A muchos opositores se les prohibió llegar a
los centros de votación por reclusión arbitraria en sus domicilios o por
detención arbitraria y golpiza en las puertas de los colegios. Se obligó a la
población a votar con lápiz y no con bolígrafo de tinta, procedimiento que
permite borrar la decisión de voto; las casillas para votar no cumplieron los
requisitos de privacidad para hacer el voto secreto. Numerosos observadores
ciudadanos independientes fueron expulsados de los colegios por la policía
política, de manera arbitraria, o sufrieron “actos de repudio” por observar.
Previo al referendo del 24 de febrero, la represión
aumentó contra los opositores que defendían votar NO o contra aquellos que
criticaban la constitución estalinista de manera pública. Ningún ciudadano
decidido a votar por el NO tuvo acceso a los medios de comunicación.
Tres fueron las organizaciones más reprimidas
antes del referendo: UNPACU, con 80 activistas asediados y golpeados en su sede
de Santiago de Cuba. Previamente, el 11 de febrero, se había allanado esta sede
y ocho casas más de activistas, de manera arbitraria y con brutalidad, y la policía
robó bienes personales y todos los documentos e instrumentos de trabajo para
ejercer su derecho ciudadano y la observación electoral en los colegios.
Foro Anti totalitario Unido (FANTU), en la
provincia de Villa Clara, reportó al menos 30 activistas sometidos a arrestos
arbitrarios, interrogatorios intimidatorios por parte de la policía política,
multas y también robo de bienes personales, siempre prohibiendo la
manifestación por el NO en el referendo.
Las Damas de Blanco también reportaron
arrestos arbitrarios, golpizas y torturas durante los arrestos y el cerco
policial de la sede, de manera permanente. El Observatorio Cubano de Derechos
Humanos reportó 405 arrestos arbitrarios y allanamientos de viviendas de
opositores en febrero, el doble del mes de enero. Fuera de esta cifra, están
dramaturgos y artistas, periodistas independientes y activistas del Centro de
Estudios Convivencia, en Pinar del Río, que fueron interrogados e intimidados
por la policía política a la llegada de un evento internacional o por su
promoción de votar NO y hacer críticas a la nueva Constitución.
Violaciones derechos civiles y culturales en
2018 contra artistas independientes
En el año 2018 fueron perseguidos, difamados y
encarcelados los teatristas, cineastas, escritores, productores artísticos,
artesanos, críticos y periodistas especializados, activistas de organizaciones
de la sociedad civil y trabajadores comunitarios que discreparon de los
estereotipados criterios en torno a la identidad nacional y sus modos de
representación. En ese contexto, fueron criminalizados, perseguidos y
reprimidos los proyectos artísticos y socioculturales independientes
“Educarte”, “Di. Verso”, “Cambiarte” y “Atabey”, los que, con iniciativa y
creatividad artística, lograron fracturar la presencia hegemónica del Estado
cubano en los espacios públicos.
Gran resonancia tuvo la brutal represión de la
policía política contra los miembros del Proyecto “Museo de la disidencia”, que
organizaron en mayo la Bienal, un evento cultural que aglutinó con éxito a
cientos de representantes del arte independiente internacional, radicados en el
país y en el exterior. Por tal razón, los líderes del Proyecto se hicieron
merecedores del Index on Censorship Freedom of Expression Awards,
2018.
El pasado año sirvió también para visibilizar
la condición reaccionaria y represiva del Estado cubano ante un episodio
nacional extraordinario y de incuestionable protagonismo colectivo como la
emergencia y manifestación de los artistas cubanos en la esfera pública
nacional en reclamo contra la eliminación del Decreto 349/2018. Los preceptos
básicos del decreto, en torno a la política cultural oficial, están
sobrecargados de signos extra-artísticos para constreñir la pluralidad creativa
y la destrucción del talento artístico que critica, sugiere y transforma la
realidad social.
Mediante el referido decreto, aplicable en un
contexto social enrarecido por la fuerte violencia ideológica que se ejerce por
la propaganda política oficial y la represión de la sociedad civil, se obliga a
los artistas cubanos a establecer vínculos con una institución oficial para ser
calificados como tales, ejercer profesionalmente o para prestar servicios
artísticos en público. De igual modo, el Decreto 349/2018 penaliza la
existencia de galerías de arte independiente, la edición y venta de libros y la
creación musical “lesiva a los valores culturales” o en “contra del normal
funcionamiento de la sociedad socialista”.
Justamente fue contra el Movimiento “Artistas
contra el Decreto 349 cuando alcanzó su mayor expresión el talante represivo
del Estado cubano”, al reprimir de forma brutal con arrestos arbitrarios a
cerca de 30 creadores, entre los que destacaron Luis Manuel Otero, Yanelis
Núñez, Soandry del Río, Amaury Pacheco, Maikel Castillo, Verónica Vega, José
Alonso, Iris Ruiz, Michel Matos, Sandor Pérez, Javier Moreno, Ítalo Expósito,
René Rodríguez, Yasser Castellanos, Lázaro Rodríguez, Nonardo Perea y Tania
Bruguera.
La violación del derecho de acceso de los
cubanos y cubanas a la producción artística y literaria tuvo otra manifestación
con la prohibición de publicar y distribuir las obras artísticas de disidentes
radicados en la Isla y en el exterior, sus familiares y herederos. De igual
manera, la negación del Número Estándar Internacional de Libro (ISBN, International
Standard Book Number) a tres escritores independientes que lo solicitaron
formalmente a las autoridades, con la intención de publicar sus textos en
formato digital.
Continuamos con el análisis de las violaciones
de Derechos Humanos en Cuba, en el próximo artículo.
Marlene Azor Hernández es
Consultora del Observatorio cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México. Informe
presentado a diez Relatores de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos
Humanos en Ginebra, en abril del 2019.
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