América Latina, Nicaragua en particular, tiene su
Bonnie y Clyde en la pareja presidencial que integran Rosario Murillo y Daniel
Ortega, dignos personajes de una novela de ficción, sino fuera por los graves
perjuicios que el protagonismo de ambos ha significado para el pueblo
nicaragüense.La poetisa Murillo, la mujer más poderosa del país, es sin lugar a dudas una especie de Eva Perón, cónyuge de otro déspota, Juan Perón, porque gusta de las riquezas y disfruta del poder, al extremo que hay quienes señalan que en el país gobiernan los dos, aunque uno solo ostente el cargo de presidente.
Rosario Murillo fue jefa de
las campañas presidenciales del 2007 y 2011. En la Cumbre del Celac, que se
efectuó en Costa Rica, estuvo acreditada como canciller en funciones y hasta su
marido, el presidente, ha llegado a decir que es una especie de primera
ministra.
La Primera Dama es
coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, una dependencia similar
a un ministerio, que controla la publicidad del gobierno y la comunicación interdepartamental,
dirige el protocolo y organiza los viajes oficiales. También maneja los
Consejos de Poder Ciudadano, un aparato que controla los programas
sociales del país.
El generoso acuerdo petrolero
que Hugo Chávez suscribió con Nicaragua solo ha favorecido a la familia Ortega.
Todos se han hecho ricos y Doña Rosario en particular, hay investigaciones que
señalan que en los últimos ocho años cientos de millones de dólares han
terminado en los cofres del clan. La familia maneja
las arcas del estado como si fueran cuentas personales y han establecido
empresas particulares con los bienes malversados de la nación.
El clan se apresta a incursionar en una nueva
actividad económica de la que espera muchos beneficios, tantos que las riquezas
acumuladas significarían muy poco.
El nuevo proyecto es un canal que conectará el
océano Pacifico con el Atlántico. El costo de la vía interoceánica superaría
los 40,000 millones de dólares, una inversión que repercutiría en la
nación, pero muy en particular en los bolsillos de los que participen en
la transacción.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción
de Transparencia Internacional, la administración pública de Nicaragua es la
más corrupta de Centroamérica, una región que enfrenta serios problemas en lo
que respecta a probidad administrativa.
Aunque Ortega ha controlado el país por los
últimos ocho años, sin olvidar los once que gobernó disfrazado de sandinista
justiciero, se apresta para aspirar en los próximos comicios, caso de no
hacerlo, la candidata posible sería Doña Rosario, lo que les haría una vez más
la dupla más exitosa en política de todo el hemisferio y que repetiría a carbón
la práctica Somocista de cambiar la cara y el nombre del presidente, para
que el gobierno siguiera igual.
La
pandilla de Managua controla todos los poderes del estado tal y como ocurre en
los regímenes surgidos bajo la inspiración del Socialismo del Siglo XXI,
condición que pone en situación muy difícil a los sectores que se enfrentan al
gobierno en términos electorales, una condición similar se presenta con las
Fuerzas Armadas, porque el Presidente dispone de amplios poderes sobre las
mismas.
La oposición no puede enfrentar al régimen
fraccionada. Tiene que instrumentar una alianza capaz de elegir un liderazgo
fuerte que muestre una alternativa con posibilidades de éxito, máxime si se
toma en cuenta una declaración del diputado y ex canciller Eduardo
Montealegre, en la que afirma que políticos de la oposición han sido
beneficiados por el orteguismo, y que algunos se prestan como instrumento del
gobierno para incentivar las diferencias y dividir la oposición.El régimen tiene la voluntad y recursos para infundir inseguridad y miedo en la ciudadanía y dificultar la labor de la oposición. Capacidad legislativa para instrumentar leyes que legitimen la represión y la intimidación, por tal de no enfrentar las serias consecuencias que se derivarían de la pérdida del poder.
La oposición nicaragüense enfrenta los mismos retos que sus pares de Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuyos respectivos gobiernos al tener el control del poder Judicial, limitan legalmente la capacidad operativa de sus rivales, una situación que solo puede ser superada si la ciudadanía se involucra en acciones cívicas que demuestren al régimen que existe una voluntad de cambio, que de ser ignorada, podría conducir a la ingobernabilidad y a una ruptura en la que tendrían que saldar todas sus depredaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario