¿QUIEREN LOS CATALANES IRSE?

"SE TRATA PUES, DE UN PROBLEMA POLITICO.."

METRONEWS/EM3.

El lunes de esta semana, en un periódico de ámbito nacional, Carlos Puigdemont Oriol Junqueras ha publicado un artículo en el que se contiene un verdadero ultimátum. Los firmantes vienen a decir que sería mejor que el Gobierno y las Cortes Españolas pactaran con ellos la celebración de un referéndum para la secesión de Cataluña, pero que, aunque no se pactase, el referéndum se va a celebrar de todas formas. O sea, por las buenas o por las malas. O según el modelo escocés, o según el modelo de Kosovo, con declaración unilateral de independencia. Curiosa forma de invitar a un diálogo. Aunque la verdad es que todos sabemos que con este artículo, y con otras iniciativas semejantes, los separatistas lo único que pretenden es revestirse de la apariencia de gente dialogante, cuando en realidad lo que están preparando es la declaración unilateral de la república independiente de Cataluña, mediante esas leyes de 'desconexión', que quieren aprobar a toda prisa, sin debate y con el mayor secretismo.

Hace muchos años que tendríamos que saber todos que el conflicto separatista catalán no es un problema jurídico, sino político. Ningún jurista serio puede defender la constitucionalidad de un referéndum para romper la unidad de España, cuando es la propia Constitución la que considera dlcha unidad indisoluble. Y ningún jurista serio puede defender que el poder de decisión sobre el futuro de la integridad territorial de España resida solo en la sociedad catalana, con exclusión del resto de los españoles. Esto lo sabe hasta el más torpe de los dirigentes separatistas. Lo que ocurre es que a ellos la Constitución y la legalidad española les traen absolutamente sin cuidado, porque lo que quieren, y lo están haciendo continuamente, es colocarse al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico español, creando su propia 'legalidad' catalana. Teórica y prácticamente lo que los separatistas plantean es una verdadera subversión del orden constituido, una desobediencia total a las normas jurídicas, para alcanzar la independencia. Por eso hablarles de legalidad a quienes voluntariamente se han colocado al margen de ella, es como predicar las ventajas de la castidad en un prostíbulo.

Se trata, pues, de un problema político. España, el Gobierno, las Cortes y todo el pueblo español tienen que responderse a sí mismos a dos preguntas: ¿estamos dispuestos a consentir que Cataluña se separe de España? Y, en segundo lugar, si no queremos que esto ocurra, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para impedirlo?

En mi opinión, los españoles no deberíamos permitir que se rompiese la unidad de España.  Decía Don José María Gil Robles que la unidad de España es un legado de muchas generaciones anteriores que las generaciones actuales no tienen derecho a dilapidar. El patriotismo es un sentimiento de orgullo por ser miembro de una comunidad política determinada y por participar de los valores y principios que la configuran. Nuestra patria es nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra historia. Pero también nuestras infraestructuras, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestro sistema de la Seguridad Social, e incluso nuestro sistema tributario: todo lo que nuestros antepasados nos han legado, y nosotros con nuestro esfuerzo y nuestros impuestos hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Pues bien, ese sentimiento de orgullo no se entiende sin Cataluña. España no se entiende sin Cataluña. Y Cataluña no se entiende sin España. Afortunadamente, en esto parece que casi todos estamos de acuerdo, independientemente de que nos consideremos de derechas, de izquierdas e incluso de centro.

Ahora bien, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Las disparatadas propuestas de los separatistas catalanes están produciendo en el resto de los españoles un efecto pernicioso: poco a poco, en este asunto, vamos radicalizando nuestras posturas. El riesgo de que los moderados nos radicalicemos es real. Y casi tan grave como si, llegado un momento determinado, en las esferas de decisión, los moderados sean desplazados y sustituidos por los radicales.

Todavía en la moderación, se afirma que cualquier medida que se adopte frente a los desafíos separatistas ha de ser ajustada a la ley. O sea, el Estado español no puede perder los papeles. Pero ¿qué hacer dentro de la legalidad? He contado alguna vez que en una visita a Washington le pregunté a un senador norteamericano si tenían previsto algún mecanismo constitucional para impedir que cualquier estado, por ejemplo Texas, un día proclamara unilateralmente su independencia. El senador me respondió que no tenían previsto ningún mecanismo constitucional, pero que una vez lo intentaron y ya no lo han vuelto a intentar. En España tenemos el art. 155 de la Constitución, que permite suspender el funcionamiento de una comunidad autónoma por no cumplir la Constitución, las leyes, o atentar al interés general de España. Ahora bien, si el Gobierno, con el apoyo del Senado, adoptase las medidas necesarias para impedir la secesión de Cataluña, y los separatistas se negasen a acatarlas, tenemos que saber que habrá que hacerlas cumplir con la Guardia Civil y con el Ejército. Así de claro. Y que sería mejor que estas decisiones las tomasen los moderados, antes de que las tengan que tomar los radicales.