viernes, 17 de febrero de 2017

LA EDUCACION EN CLAVE SALARIAL

Por Alberto Medina Méndez.
A esta altura del año y en especial en estas latitudes, los dirigentes sindicales aparecen en los medios de comunicación exigiendo incrementos salariales, los gobernantes intentan moderar esas aspiraciones, y los educadores promueven sus mezquinos intereses preparando el terreno.
        El tema parece eterno. Se trata de la inagotable controversia acerca de cuáles deben ser los parámetros de las remuneraciones de los docentes. Sobrevuelan la polémica aspectos éticos, consideraciones subjetivas y una aureola que convierte el asunto en algo solemne, sagrado  e incuestionable.
          De un lado del mostrador los profesores y maestros se ocupan de exaltar su labor convirtiéndola en el eje absoluto de la vida en comunidad. Bajo el paraguas de una interminable lista de trilladas frases hechas pretenden colocar el debate en un pedestal de opinable majestuosidad.
           Del otro lado, un Estado paternalista, siempre políticamente correcto y extremadamente culposo, intenta hacer malabares para encontrar ese punto intermedio que no coloque a los gobernantes en un lugar incómodo y que los muestre genuinamente preocupados con el futuro del país. 

          Toda esta parodia, repleta de hipocresía y ausencia de sentido común, finalmente se resumirá en un frio número que surgirá de la negociación entre las dos despiadadas corporaciones. Sindicatos y Estado, fumarán la pipa de la paz, a regañadientes, alcanzando un acuerdo salarial que pagarán todos los contribuyentes y regirá hasta el año entrante, cuando vuelva a reeditarse esta patética escena circular.
No existe duda alguna que la educación es trascendente para una sociedad, pero también se sabe que su calidad no depende de los niveles salariales de los actuales docentes. Abundan pruebas al respecto. Un fabuloso salario no convierte a un pésimo educador en uno excelente, ni tampoco al revés.
El problema de fondo sigue siendo que estas pulseadas están lideradas por dos enormes monopolios legales. Esa palabra es detestada por la mayoría pero paradójicamente en estos asuntos se acepta sin pudor. Es extraño que la gente aborrezca las posiciones dominantes en las actividades lucrativas y en estos menesteres aplauda vigorosamente que el Estado y los gremios manejen todo sin competencia alguna.
Suponer que la educación mejorará como consecuencia de una discusión sobre como se actualizarán los salarios es una falta de respeto a la inteligencia cívica. Nada evoluciona mágicamente de ese modo, sin embargo los docentes siempre reiteran la desgastada cantinela de que si no están bien pagados no pueden ser eficientes a la hora de dar clases.
Que alguien deba destacar la relevancia de los incrementos a su propio sueldo es un hecho vergonzoso. Son los usuarios, directos e indirectos, del sistema los que tienen autoridad moral para afirmar eso. Nadie aceptaría que un comerciante diga que merece mayores utilidades. El debe ganarse, como todos, ese derecho ofreciendo buenos servicios, a un excelente precio y conseguir que los consumidores lo hagan alcanzar sus pretensiones.
Tiene muy poco de ético, presionar a la sociedad, tomar de rehenes a padres y alumnos, para conseguir una mejora en los ingresos. Aun cuando las metas sean conquistadas y esas herramientas fueran efectivas, la inmoralidad del proceso deslegitima cualquier argumento utilizado.
No toda la culpa la tienen los desprestigiados líderes sindicales y los manipuladores políticos de siempre. Buena parte de la responsabilidad recae en esos docentes que se ufanan de una supuesta superioridad que hace que toda la comunidad tenga el deber moral de protegerlos y de una sociedad hipócrita que recicla crónicamente su inocultable doble discurso.
Esos ciudadanos que repiten hasta el cansancio que hay que mejorar el sistema educativo, son los mismos que luego respaldan aumentos lineales, donde no existen criterios que evalúen méritos profesionales, exijan mayor compromiso o establezcan resultados mínimos razonables.
Nadie, en la vida cotidiana, quiere pagar mucho por algo malo. Sin embargo en temas educativos, la gente parece estar dispuesta a alentar reclamos salariales, a sabiendas de que el alumno que egresa de la escuela no tiene el nivel esperado. Un absoluto sinsentido gobierna el debate.
No parece razonable deliberar acerca de los salarios sin incorporar a la discusión el producto final que se espera a cambio de esa compensación. No se pagan retribuciones mejores o peores con independencia del servicio que se presta, sino justamente para lograr un óptimo rendimiento deseado.
Demasiados docentes creen con convicción que “merecen” un buen salario y que hacen lo que pueden, y por lo tanto no se sienten responsables de cómo culmina todo el proceso. Que alguien egrese del sistema, sin saber leer, escribiendo con errores ortográficos y con visibles dificultades para comprender textos simples o hacer operaciones matemáticas, no es un tema que para muchos de ellos tenga vínculo con sus remuneraciones.
Sería deseable que la misma pasión que los docentes, sus representantes gremiales y la sociedad le ponen a lo salarial, puedan invertirse en demandar una calidad equivalente para que los alumnos que emergen del sistema sean una satisfacción para todos y no un grupo de personas que terminen resignándose a convivir con la mediocridad. 
En esta ocasión todo culminará como siempre. Unos se enojarán, los otros buscarán apaciguar los ánimos y luego de toda esa pantomima, alcanzarán el ansiado nuevo acuerdo. Demasiado esfuerzo para contentar a la tribuna, para que los salarios docentes finalmente se adecúen, pero el sistema siga funcionando igual. En definitiva, la educación en clave salarial.

 

 

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