EL DIABLO LEGISLADOR

Por Luis Marín, politólogo y abogado venezolano.

Juan Manuel Santo argumenta que tiene un mandato de los colombianos (en mayoría muy precaria, por cierto) para negociar la paz a cualquier precio; lo que no aclara de dónde proviene la legitimidad de los negociadores de las FARC. ¿Quién los eligió a ellos?

           Sabemos que es una organización tiránica creada por alias Tirofijo, que dirigió hasta su muerte, como es usual en todas esas organizaciones llamadas de liberación nacional en Asia, África y América Latina, que sería extenuante reseñarlas todas, baste decir que se convirtieron en empresas vitalicias, hereditarias y harto lucrativas.

             El problema no es de profesores acostumbrados a recitar que la Constitución y las Leyes definen las atribuciones del Poder Público y a ellas debe limitarse su ejercicio, a quienes resulta engorroso explicar cómo es que una organización que ni siquiera es legal en Colombia puede modificar su ordenamiento jurídico, crear normas de carácter general, vinculantes para todos, vale decir, que se elevaron a la condición de legisladores.

          Y esto concierne no solo a las FARC, que no tiene personalidad jurídica, que no es un ente de Derecho Internacional Público, que ni siquiera es “una” organización, sino un archipiélago de frentes actuando por su cuenta, que no poseen el monopolio de la paz y no podrían dar lo que no tienen; sino al Ejecutivo, que actúa con abuso y desviación de poder, más allá de sus límites legales.

           Por ejemplo, la creación de una enrevesadísima Jurisdicción Especial de Paz que, más allá del eufemismo, es como la militar o de menores, para personas que se encuentran en una condición singular que las hace diferentes a los demás ciudadanos y que merecen un trato diferenciado. En Venezuela se habla cotidianamente de “justicia transicional” como sinónimo de “impunidad”.

             Un negociador está obligado a preguntarse: ¿Podemos hacer esto? ¿No será necesaria una ley del Congreso para crear una jurisdicción? ¿Y especial para quienes, para guerrilleros, terroristas, secuestradores, narcotraficantes, en general, desconocedores del resto del ordenamiento jurídico? ¿No se inhabilita con esto a los demás jueces? ¿Cómo queda el principio del juez natural?

           El argumento de JMS es proverbial: no se puede someter a la jurisdicción ordinaria a quienes se han rebelado contra ese ordenamiento, al que consideran injusto, clasista y todo el resto del discurso rebelde. La cuestión es que no se ve cómo admitir esto sin ponerse en el lugar del revolucionario, sin convertirse también en un insurgente, cosa que no le va nada bien a un Presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución.

          El marco para estos excesos lo dan unas condiciones extraordinarias de paz que son el equivalente perfecto a las circunstancias extraordinarias de guerra que permiten tomar medidas que serían inconcebibles en condiciones normales: “Paz” en sentido soviético.

         En el fondo, todos los gobiernos colombianos establecieron una especie de costumbre de negociar con las guerrillas sin pensar mucho en las consecuencias doctrinales, si se permite la expresión, a largo plazo. Claro, una cosa es negociar con unos secuestradores el rescate de rehenes sin que esto implique ningún reconocimiento del interlocutor, que además ni siquiera pretende ningún derecho y otra negociar, por ejemplo, una reforma del Código Penal, que es vinculante y cambia el ordenamiento jurídico.

         Todos hicieron malabarismos para impedir que los grupos irregulares alzados en armas lograran el status de beligerantes, a despecho de celebrar negociaciones con ellos, no pocas veces encubiertas; pero el gobierno de JMS se fue al otro extremo y les ha otorgado la condición de constituyentes, atribuyéndose unas competencias exorbitantes, sin precedentes en la historia jurídica latinoamericana y quién sabe si mundial, cuyas consecuencias son imposibles de predecir.

            Lo más inquietante es que como resulta imposible acercarse a un extremo sin alejarse simultáneamente y en la misma proporción del otro, las concesiones a las FARC implican injuriar y golpear en idéntica medida a sus víctimas y enemigos.

            JMS sigue la cartilla diseñada en La Habana que ya hemos sufrido en Venezuela: la judicialización de la persecución política de la oposición democrática y liberal. Esto significa que para garantizar la impunidad de subversivos y hampa común es inevitable llevar a la cárcel a ciudadanos esencialmente honestos.

           El Fiscal General de la República se convierte en verdugo, brazo ejecutor de los fines políticos del Ejecutivo, cada vez más dictatorial. La doctrina, si mereciera ese nombre, es la “justicia diferencial” castrista, que permite que personas que realizan idénticas actividades sean juzgadas de modos opuestos según sean adeptos o no al régimen. Las garantías de generalidad e igualdad ante la Ley son arbitrariamente desaplicadas. Ni hablar del uso repugnante de “testigos estrellas” tan conocidos en Venezuela.

            Es alarmante que se manipule a delincuentes que por los cargos que se les imputan tendrían comercio con miles de personas, para luego ir cerniendo sus actividades a ver si alguna tiene que ver con personas del Centro Democrático o del entorno del Presidente Álvaro Uribe para procesar exclusivamente a éstos, dejando de lado a todos los demás, que no tendrían interés político.

            La oposición cae en un juego semántico de llamar zonas de concentración a lo que el gobierno denomina zonas de ubicación o de localización, que los cubanos impusieron en Venezuela como “zonas de paz”, con resultados que están a la vista: son aliviaderos de la delincuencia dejando la población civil a su merced.

            Es igualmente aberrante que el paramilitarismo se considere en abstracto, independiente de la guerrilla, siendo que la autodefensa fue su consecuencia y no al revés, condenando aquél y perdonado a ésta como idealista.

            Aquí los hacendados se negaron a crear autodefensas argumentando que esa es una función de las FFAA, que para eso están, poniendo a Colombia como ejemplo, que las crearon para una cosa y luego se volvieron contra ellos. En verdad, es lo que ha ocurrido históricamente desde que el Senado de Roma confió su seguridad en fuerzas mercenarias.

El caso es que en Venezuela se quedaron sin el chivo y sin el mecate.

Otra vez este país es el espejo en que se refleja el futuro de Colombia.